Sentencia N° 149 Político-Administrativa TSJ 2000: Abdel Cardenas Calistri vs Anibal Sanchez — La jurisdicción para conocer la…

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la jurisdicción para conocer la ejecutoriedad de una resolución de desocupación emitida por la Alcaldía del Municipio Iribarren. Se determinó que corresponde al Poder Judicial conocer y decidir sobre la ejecución de actos administrativos que autorizan desalojos, dado que estos carecen de ejecutoriedad y no obligan a la Administración a proceder a su cumplimiento. La decisión revoca un fallo anterior que había declarado la falta de jurisdicción del Tribunal de la causa.

Es jurisprudencia reiterada de este Alto Tribunal, el considerar que corresponde a los Organos del Poder Judicial la jurisdicción para conocer asuntos como el de autos, debido a que, cuando la Administración emite un acto autorizatorio el desalojo de un inmueble, únicamente se otorga al arrendador la facultad para acudir ante la jurisdicción ordinaria para lograr la ejecución del mismo, lo que en ningún momento constituye obligación alguna de desalojar por parte de la misma Administración de la cual emana el acto. Ahora bien, por tener el acto emanado de la Administración carácter autorizatorio, el mismo carece de ejecutoriedad, lo que le impide a la Administración autora del mismo proceder a exigir su cumplimiento, correspondiéndole, por el contrario, al Poder Judicial la jurisdicción para resolver sobre su ejecución. Así se declara.

Por las razones antes expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara que el Poder Judicial SI TIENE JURISDICCION para conocer y decidir la ejecutoriedad de la Resolución Nº 14, dictada por la Alcaldía del Municipio Autónomo Iribarren del Estado Lara, de fecha 27.6.97, que declaró con lugar la solicitud de desocupación interpuesta por el ciudadano ABDEL CARDENAS CALISTRI sobre el inmueble de su propiedad, ubicado en la Carrera 25, entre 20 y 21, Nº 20-69, de la Parroquia Catedral de dicho Municipio, ocupado por el ciudadano ANIBAL SANCHEZ, en su carácter de arrendatario, ambos antes identificados. Queda así revocada la decisión, emitida por el a quo en fecha 16 de diciembre de 1998. Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase lo ordenado.