Sentencia N° 1489 Político-Administrativa TSJ 2000: Joao Ricardo Ferreira Cesar DA Patrocinio vs Gobernador DEL Distrito Federal…

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la declinatoria de competencia realizada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito, en relación a una acción de amparo constitucional interpuesta por JOAO RICARDO FERREIRA CESAR DA PATROCINIO. La Sala determinó que no aceptaba la competencia para conocer y decidir la acción, ordenando el remitir el expediente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para su conocimiento. La decisión se fundamenta en la necesidad de mantener el funcionamiento integral del Estado y en la distribución de competencias establecida por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La Sala enfatiza que, a pesar de la falta de una ley orgánica que regule sus funciones, está obligada a conocer y decidir los casos que cursaban ante la extinta Corte Suprema de Justicia, así como aquellos que ingresen, atendiendo a la afinidad de la materia. Finalmente, se destaca que la Sala Constitucional es la encargada de conocer las acciones de amparo que se interpongan contra decisiones de última instancia de los tribunales, garantizando así la protección de los derechos constitucionales.

El 15 de diciembre de 1999 fue aprobada, mediante referendo, la Constitución de la República de Bolivariana de Venezuela. Dicho Texto Fundamental prevé en su artículo 262 la creación del Tribunal Supremo de Justicia y de las Salas que lo integran. Asimismo, la vigente Constitución otorga, en forma expresa, ciertas competencias a sus distintas Salas y deja a cargo de la repetitiva ley orgánica, la cual deberá ser aprobada por la Asamblea Nacional dentro del primer año contado a partir de su instalación, la distribución de otras no atribuidas expresamente. Ahora bien, a los fines de mantener el funcionamiento integral del Estado, debe este Supremo Tribunal continuar con su labor de máximo administrador de justicia. Por tanto, aún cuando no haya sido dictada hasta el presente la aludida ley orgánica, reguladora de las funciones de este Alto Tribunal, sus Salas están obligadas a conocer y decidir todos aquellos casos que cursaban por ante la extinta Corte Suprema de Justicia, así como aquellos que ingresen, atendiendo a la afinidad existente entre la materia debatida en cada caso concreto y la especialidad de cada una de las Salas (véase decisión de la S.P.A. del 17 de enero del presente año, caso: José Ramírez Córdoba vs. Consejo Nacional Electoral). En este sentido, la vigente Constitución establece en su artículo 266 que la jurisdicción constitucional será ejercida por la Sala Constitucional, y, por tanto, a ella corresponde no solamente la interpretación del Texto Fundamental, sino la fijación de criterios uniformes que permitan la orientación de las instituciones y procedimientos afines con la materia cuyo conocimiento le ha sido atribuido.

Atendiendo a los razonamientos expresados, y visto que el presente expediente fue remitido a esta Sala en virtud de la declinatoria de competencia que le hiciera el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, para conocer de la acción de amparo constitucional ejercido por ciudadano JOAO RICARDO FERREIRA CESAR DA PATROCINIO, titular de la cédula de identidad número 1.881.393, actuando en su carácter de Presidente de la sociedad mercantil “RAPIDOS DE MARACAIBO, C.A.”, debidamente asistido por el abogado Khalet Gebra Gadieh, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 52.777, contra el ciudadano GOBERNADOR DEL DISTRITO FEDERAL ABDON VIVAS TERAN, esta Sala Político – Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, NO ACEPTA LA COMPETENCIA para conocer y decidir la presente acción y se ordena remitir el expediente a la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, para su conocimiento.