Sentencia N° 1479 Político-Administrativa TSJ 2000: Carmen Lucrecia Jimenez Valera vs Amilcar Rafael Hoepp

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la jurisdicción en un caso de desalojo de inmueble. La parte demandada había solicitado la regulación de jurisdicción, pero la Sala consideró que la jurisdicción de los tribunales es de orden público y no puede ser renunciada por las partes. La Sala determinó que el Poder Judicial tiene jurisdicción para conocer y decidir sobre la acción de desalojo interpuesta por la demandante, revocando así la decisión del tribunal inferior que había declarado la falta de jurisdicción.

Planteada como ha sido la consulta, la Sala para decidir, observa: En primer término, debe pronunciarse la Sala sobre el desistimiento de la demandada del procedimiento de regulación de jurisdicción, y en tal sentido observa: que la jurisdicción de los tribunales, es una cuestión de orden público, y que por lo tanto, una vez opuesta la regulación de la misma o elevada la consulta correspondiente, no puede ser derogada por las partes; motivo por el cual, considera la Sala, improcedente la referida solicitud, pasando a resolver la consulta de jurisdicción elevada, en los siguientes términos: En el caso de autos, el Tribunal a quo afirmó no tener jurisdicción para conocer de la presente causa, por lo que, de conformidad con el Decreto Legislativo sobre Desalojo de Viviendas, señaló que: corresponde conocer de la Desocupación del inmueble por las causales invocadas, a la Dirección de Inquilinato del Ministerio de Fomento. Esta Sala ha establecido, en reiterada jurisprudencia, el criterio de que corresponde al Poder Judicial, a través de los Tribunales de Justicia, el conocimiento y decisión de las acciones por resolución o cumplimiento de contrato, independientemente de su naturaleza y de que la consecuencia de la misma sea la entrega del bien inmueble objeto del contrato, por cuanto la atribución conferida en materia inquilinaria a la Dirección de Inquilinato, dependiente del Ministerio de Infraestructura o de las Alcaldías Municipales, actuando en materia inquilinaria, según sea el caso, está dirigida únicamente a tramitar las solicitudes de fijación de cánones de arrendamiento, de los inmuebles sujetos a regulación, de conformidad con el artículo 2 de la nueva Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, vigente a partir del 1º de enero del año 2000. Del análisis del libelo de la demanda resulta evidente que la acción ejercida es de cumplimiento de un contrato de arrendamiento, por vencimiento del término, acción ésta de derecho común prevista en el artículo 1.167 del Código Civil, cuyo conocimiento y decisión única y exclusivamente corresponde a los órganos jurisdiccionales, según lo dispuesto en el antes mencionado artículo, en el 1º del Código de Procedimiento Civil y en el artículo 33 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios. Así se declara.

En virtud de las razones expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara que el Poder Judicial SI TIENE JURISDICCION para conocer y decidir la acción intentada por CARMEN LUCRECIA JIMENEZ VALERA, contra AMILCAR RAFAEL HOEPP. Queda así revocada la decisión emitida por el a quo en fecha 17 de octubre de 1988. Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase lo ordenado.