Sentencia N° 1478 Político-Administrativa TSJ 2000: Eurico Esposito vs Miguel Guaura Castro — Regulación de jurisdicción en…

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la jurisdicción en un caso de desalojo interpuesto por Eurico Esposito contra Miguel Guaura Castro. La Sala determinó que el Poder Judicial tiene jurisdicción para conocer y decidir la acción de desalojo, revocando así la decisión anterior que había declarado la falta de jurisdicción. Se destacó que la acción de desalojo corresponde a la jurisdicción ordinaria, y no a la administración pública, en virtud de la naturaleza del contrato de arrendamiento.

Durante la vigencia de la diseminada legislación especial inquilinaria, contenida en el Decreto Legislativo sobre Desalojo de Viviendas y la Ley de Regulación de Alquileres y su Reglamento común; el conocimiento y decisión de las acciones inquilinarias, independientemente de su naturaleza, correspondía al Poder Judicial. Respecto de los contratos de arrendamiento sobre inmuebles destinados al uso comercial o industrial, la Sala, en discutible fallo en fecha 07 de Agosto de 1997, determinó que tales inmuebles no resultaban subsumibles en los supuestos de hecho contenidos en el artículo 1º del Decreto in comento; con lo cual, solo resultaba procedente la falta de jurisdicción del Juez ordinario frente a la Administración Pública, en los casos en que el contrato de arrendamiento a tiempo indeterminado versaran sobre inmuebles destinados a vivienda o habitación, resultando excluidas las causas que versaran sobre inmuebles sometidos al uso comercial o industrial de los cuales debía seguir conociendo el Juez ordinario. Actualmente, de conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios del 7 de diciembre de 1999, la competencia atribuida a la Dirección de Inquilinato del Ministerio de Infraestructura y a las Direcciones de Inquilinato de las Alcaldías del interior de la República, deviene en limitada y circunscrita a: 1) la fijación de los cánones máximos a cobrar para aquellos inmuebles sujetos a regulación de alquileres; 2) a la revisión de los montos productos de los actos regulatorios previos y, 3) a la imposición de sanciones administrativas por infracciones a las normas de orden público que dicha Ley estatuye. De suerte tal que, en criterio de esta Sala, todas aquellas solicitudes de regulación de la jurisdicción que sean interpuestas por motivos distintos a los recién expuestos, deben considerarse como producto de una inadecuada táctica dilatoria, contraria los principios establecidos en los artículos 26 y 257 de la Carta Magna.

Por las razones antes expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara que el Poder Judicial SI TIENE JURISDICCIÓN para conocer y decidir la acción intentada por el EURICO ESPOSITO contra el ciudadano MIGUEL GUAURA CASTRO. Queda así revocada la decisión impugnada, emitida por el a-quo en fecha 10 de Abril de 2000. Siendo que en la presente causa ha sido la parte demandante la que ha interpuesto el recurso de regulación de la jurisdicción, en virtud de sentencia emitida por el a quo por la cual éste declaró su falta de jurisdicción y, revocada como ha sido por el presente fallo, esta Sala no procede a imponer la sanción a que se contrae el artículo 76 del Código de Procedimiento Civil; como tampoco, respecto a instar al Colegio de Abogados respectivo, sobre la responsabilidad disciplinaria que en otros casos, sí deviene en pertinente por la verificación de manifiestas táctica dilatorias que, en la presente causa, esta Sala no observa. Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase lo ordenado.