Sentencia N° 1475 Político-Administrativa TSJ 2000: Gustavo Planchart Manrique, Gustavo Planchart… — Aceptación de competencia en…

La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia acepta la competencia declinada por la Sala Constitucional para conocer de una acción de nulidad por razones de inconstitucionalidad e ilegalidad contra disposiciones del Reglamento de Puerto Libre del Estado Nueva Esparta. Se argumenta que el control de actos de rango sublegal corresponde a esta Sala, conforme a lo establecido en la Constitución y la Ley.

Tal como previamente fue señalado, en el presente caso ha sido ejercida una acción de nulidad por razones de inconstitucionalidad e ilegalidad contra las disposiciones previstas en los artículos 10, 16, 19 y 40 del Reglamento de Puerto Libre del Estado Nueva Esparta, con lo que en el caso de marras se está ante la presencia de una acción anulatoria, ejercida contra normativas de rango sublegal (las de un Reglamento), cuyo conocimiento corresponde a esta Sala Político Administrativa, tal como apropiadamente lo expresara la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal, como fundamento primordial de la declaratoria que hiciera de su incompetencia para conocer de la situación bajo examen y, consecuencialmente, de la declinatoria que efectuara en esta Sala Político Administrativa. En efecto, a la vista de la decisión de la Sala Constitucional, se observa que entre otras consideraciones, expresó: “(...) la Sala Constitucional, en el ejercicio de la jurisdicción constitucional, conoce de los recursos de nulidad por inconstitucionalidad interpuesto contra los actos expedidos en ejecución directa de la Constitución o que tenga forma de Ley. De allí que, en el caso de autos, al tratarse el reglamento impugnado de un acto de rango sublegal, esta Sala Constitucional carece de competencia para controlar su conformidad a derecho, ya que tal competencia corresponde a la jurisdicción Contencioso Administrativa. (...) De acuerdo con lo anterior, el control legal y constitucional de la totalidad de los actos de rango sublegal (entendiendo por tales actos, normativos o no, los dictados en ejecución directa de una Ley y en función administrativa), son del conocimiento del contencioso administrativo. De esta forma, la constitución de 1.999, en el ordinal 5º del articulo 266, estableció: “Articulo 266. Son atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia: (...) 5. Declarar la nulidad total o parcial de los reglamentos y demás actos administrativos generales o individuales del Ejecutivo Nacional, cuando sea procedente. (...) la atribución señalada en el numeral 1 será ejercida por la Sala Constitucional; las señaladas en los numerales 2 y 3, en Sala Plena; y las contenidas en los numerales 4 y 5 en la Sala Político Administrativa. Las demás atribuciones serán ejercidas por las diversas Salas conforme a lo previsto en esta Constitución y en la Ley”. De manera que la nueva constitución atribuye a la Sala Político Administrativa el conocimiento de las acciones de nulidad de reglamentos, dictados por el Ejecutivo Nacional con independencia de que los vicios sean por razones de inconstitucionalidad o de ilegalidad.” (negrillas de esta Sala Político Administrativa) Criterios todos ellos que esta decisión acoge y hace suyos, para estatuir, que es dominio de esta Sala Político Administrativa la competencia del control de la actividad reglamentaria del Poder Ejecutivo Nacional, siendo precisamente el sustrato normativo que así lo dispone, los cánones constitucionales antes transcritos. En consecuencia, es de esta Sala la competencia para conocer y decidir la acción planteada en el caso de marras, por estar circunscrita en la anulación de un reglamento emanado del Ejecutivo Nacional. Así se declara.

En razón a lo precedentemente expuesto, esta Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ACEPTA LA COMPETENCIA que le fuera declinada por la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, para conocer de la acción de nulidad por razones de inconstitucionalidad e ilegalidad, incoada por los abogados GUSTAVO PLANCHART MANRIQUE, GUSTAVO PLANCHART POCATERRA, MARGARITA ESCUDERO LEON, CLUDIA BRICEÑO ARANGUREN Y MARIA VERONICA ESPINA MOLINA, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 945, 15.159, 45.205, 62.006 y 75.996, respectivamente, procediendo en el carácter de apoderados judiciales de las sociedades mercantiles “INVERSORA TAFIL, C.A., INVERSIONES NIKO’S, C.A., INVERSIONES SANGALA, C.A. y TURISMO PILAR, C.A., contra los artículos 10, 16, 19 y 40 del Reglamento de Puerto Libre del Estado Nueva Esparta, dictado mediante Decreto Presidencial Nº 3.144, de fecha 30 de diciembre de 1.998, publicado en la Gaceta Oficial Nº 5.293 Extraordinario, de fecha 26 de enero de 1.999. Remítase el expediente al Juzgado de Sustanciación a los fines de examinar los requisitos de admisibilidad, salvo la competencia aquí decidida. Publíquese, regístrese y notifíquese. Cúmplase lo ordenado.