Sentencia N° 1473 — Sala Político Administrativa del TSJ, 9 de agosto de 2007

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia decidió sobre la apelación interpuesta por el Fisco Nacional contra la sentencia del Tribunal Superior Segundo de lo Contencioso Tributario, que había declarado parcialmente con lugar el recurso contencioso tributario de la Corporación Delcop, C.A. La Sala confirmó la decisión del tribunal inferior, considerando que la contribuyente había presentado las pruebas necesarias para sustentar sus créditos fiscales, a pesar de las objeciones del Fisco Nacional sobre la validez de las facturas presentadas.

La motivación de la sentencia apelada se centra en la interpretación de los requisitos formales de las facturas para la deducción de créditos fiscales. La Sala enfatiza que, aunque las facturas deben cumplir con ciertos requisitos, la falta de alguno de ellos no necesariamente implica la pérdida del derecho a deducir los créditos fiscales, siempre que se pueda demostrar la existencia de la operación económica que dio origen a dichos créditos. En este sentido, se destaca que la contribuyente presentó las facturas originales durante la etapa probatoria, las cuales no fueron impugnadas por la representación del Fisco Nacional, lo que refuerza la validez de los créditos fiscales reclamados.

Con fundamento en las consideraciones antes expresadas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido por la abogada Antonieta Sbarra Romanuella, antes identificada, actuando como representante de la Procuraduría General de la República, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior Segundo de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas el 7 de julio de 2005. En consecuencia, SE CONFIRMA la mencionada sentencia en los términos expuestos en esta decisión. Se condena en costas al Fisco Nacional en el monto equivalente al cinco por ciento (5%) de la cuantía de la demanda de ejecución de créditos fiscales, de conformidad con lo previsto en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, por aplicación supletoria del artículo 332 del vigente Código Orgánico Tributario.