La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la solicitud de ejecución de una sentencia anterior que declaraba a Antonio José Dugarte Rojas como Contralor del Municipio Valencia. La solicitud fue presentada por su apoderado judicial, quien argumentó que se había producido un desacato por parte de José Miguel Martínez Pérez, quien se negaba a entregar el cargo. Sin embargo, la Sala determinó que no había materia sobre la cual decidir, dado que la Cámara Municipal había destituido a Dugarte Rojas en un acto posterior, lo que modificó la situación y culminó el procedimiento administrativo en su contra.
Extracto de la motiva
Corresponde a esta Sala pronunciarse respecto a la solicitud presentada por el ciudadano Antonio José Dugarte Rojas, y en tal sentido considera pertinente transcribir parcialmente el contenido del escrito presentado el 28 de mayo de 2003 por el ciudadano José Miguel Martínez Pérez, que en su Capítulo II, relativo a la “Inejecutabilidad de la sentencia”, manifestó lo siguiente: “Ahora Bien, ciudadanos Magistrados, del tenor de la redacción transcrita supra, se puede colegir que la naturaleza del dispositivo del fallo es meramente declarativa, pues tal es la razón que se pretende dilucidar con la acción de conflicto entre autoridades, ya que en el presente caso, lo que fundamentalmente se resuelve es la declaración de la condición que ostentaba el ciudadano Lic. Antonio Dugarte Rojas como titular del cargo de Contralor Municipal de Valencia, ante la actuación de la Cámara Municipal y bajo aquellos elementos, no obstante que tal hecho nunca fue objeto de desconocimiento ni controversia por parte de los órganos de gobierno municipal, habida consideración que la controversia se había planteado inicialmente sólo con relación a la procedencia o no de la suspensión del cargo por parte del cuerpo legislativo municipal como detonante o motivo del conflicto entre autoridades planteado. Al hilo de lo planteado, es pertinente entonces señalar que la declaratoria contenida en el dispositivo del fallo, si bien reconoce el derecho a ser considerado, bajo las circunstancias examinadas durante el procedimiento, Contralor Titular, ello no puede implicar jamás que se pretenda la constitución de un nuevo derecho para el Lic Antonio Dugarte, en el sentido que el derecho al ejercicio de ese cargo no sea revisable por los órganos administrativos con potestad para ello, convirtiéndolo en una especie de funcionario público inamovible, sin atender criterios de conveniencia y oportunidad para la administración, o de imposible sanción ante hechos censurables y reprochables a la luz de nuestro ordenamiento jurídico. (...) En efecto, el derecho del ciudadano Lic Antonio Dugarte, a materializar la asunción del cargo de Contralor Municipal, tenía su fundamento en el hecho que él ostentaba tal investidura, pero en forma sobrevenida se produce su destitución con la consecuente pérdida de esa condición o cualidad, lo que impide que le sea entregado el cargo a una persona que no es funcionario público, en razón que el acto destitutorio nunca ha sido debidamente atacado y en virtud del principio de la legitimidad de los actos, se encuentra plenamente eficaz”.
Dispositiva
Por las razones antes expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en nombre de la República de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara QUE NO TIENE MATERIA SOBRE LA CUAL DECIDIR respecto de la solicitud de ejecución de la sentencia dictada por esta Sala en fecha 13 de marzo de 2003, presentada por el apoderado judicial del ciudadano Antonio José Dugarte Rojas. Publíquese, regístrese y notifíquese. Archívese el expediente. Cúmplase lo ordenado.