Sentencia N° 1460 Político-Administrativa TSJ 2000: Magaly Josefina Dominguez vs Instituto de Previsión Social de las Fuerzas…

La ciudadana Magaly Josefina Domínguez interpuso un recurso de nulidad contra la orden de pérdida de pensión emitida por el Instituto de Previsión Social de las Fuerzas Armadas. La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, tras analizar el caso, concluyó que la administración actuó conforme a derecho al revocar la pensión, dado que la recurrente no cumplía con los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. La Sala declaró sin lugar el recurso interpuesto por la demandante.

Corresponde a esta Sala, en primer término, examinar si la propia Administración autora del acto impugnado podía revocar el otorgamiento de la pensión de sobreviviente de la recurrente, tomando en cuenta que ésta había disfrutado ese derecho durante 17 años y si al otorgarla, violentó la normativa prevista en el artículo 18 de la Ley Orgánica de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. En este sentido, el ordenamiento jurídico venezolano, establece en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos la potestad de autotutela que tiene la Administración para reconocer la nulidad de sus actos, regulada en tres potestades, la revocatoria, la convalidatoria y la correctiva. En cuanto a la potestad revocatoria, prevista en el artículo 83 eiusdem, esta disposición autoriza a la Administración para que en cualquier momento, de oficio o a solicitud de particulares pueda reconocer la nulidad absoluta de los actos dictados por ella, resultando, la extinción del acto en vía administrativa, mediante otro acto administrativo. Conforme a la doctrina, se considera que la única posibilidad que tiene una autoridad administrativa para revocar un acto administrativo creador o declarativo de derechos a favor de particulares, una vez firme, es que el mismo sea un acto administrativo nulo, de nulidad absoluta, pues de lo contrario si se tratase de un acto anulable, viciado de nulidad relativa sería irrevocable, si crea o declara derechos a favor de particulares.

Con base a los anteriores razonamientos, esta Sala Político Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso de nulidad interpuesto por la ciudadana MAGALY JOSEFINA DOMINGUEZ, contra la Resolución N° 2-5-01 de fecha 23 de mayo de 1997, emanada del Presidente de la Junta Administradora, del Instituto de Previsión Social de las Fuerzas Armadas (I.P.S.F.A), quien actuó por delegación de atribuciones de la máxima autoridad del Ministerio de la Defensa, Resolución que se confirma. Publíquese, regístrese y comuníquese. Devuélvase el expediente administrativo y archívese el judicial.