Sentencia N° 1459 Político-Administrativa TSJ 2000: Irama Castro Amaya — Suspensión de efectos de acto administrativo

La ciudadana Irama Castro Amaya interpuso un recurso de nulidad contra resoluciones de la Contraloría General de la República que impusieron multas. La Sala Político-Administrativa del TSJ decidió sobre la solicitud de suspensión de los efectos del acto administrativo. La Sala argumentó que la suspensión es una medida preventiva y debe basarse en la demostración de un posible perjuicio irreparable, lo cual no fue suficientemente acreditado por la recurrente.

En efecto, el correcto análisis acerca de la procedencia de la medida cautelar solicitada requiere además de la verificación del periculum in mora, la determinación del fumus boni iuris, pues mientras aquél es exigido como supuesto de procedencia en el caso concreto, ésta, la presunción grave de buen derecho, es el fundamento mismo de la protección cautelar, dado que en definitiva, sólo a la parte que posee la razón en juicio puede causársele perjuicios irreparables que deben ser evitados, bien que emanen de la contraparte o sean efecto de la tardanza del proceso. Consecuentemente el referido principio se encuentra necesariamente inmerso en las exigencias requeridas en el artículo 136 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia para acordar la suspensión de efectos, cuando alude la norma en referencia que la medida será acordada “teniendo en cuenta las circunstancias del caso”. Ahora bien, este Supremo Tribunal, no encontró elemento alguno que sirviera de convicción acerca del daño que ocasionaría a la solicitante la ejecución de la sanción impuesta, por cuanto se limitó simplemente a solicitar la suspensión de las multas, sin exponer ni fundamentar las razones que, en su criterio, le causarían un daño irreparable o de difícil reparación por la sentencia definitiva.

Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NIEGA la suspensión de efectos solicitada por la ciudadana IRAMA CASTRO AMAYA, contra el acto administrativo contenido en las Resoluciones números 05-00-00-087 y 05-00-00-086, ambas de fecha 03 de diciembre de 1997, emanadas de la Dirección de Control de Sector Económico y Financiero de la Dirección General de Control de la Administración Central y Descentralizada de la Contraloría General de la República.