La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la solicitud de amparo cautelar interpuesta por Arquímedes José Sánchez Rodríguez contra las Resoluciones de la Contraloría General de la República que ordenaron la intervención de la Contraloría Municipal del Municipio Carrizal. La Sala consideró que no existía presunción grave de violación a los derechos a la defensa y al debido proceso del recurrente, lo que llevó a declarar improcedente la acción de amparo constitucional solicitada. La decisión se fundamentó en la falta de evidencia de irregularidades en el procedimiento administrativo que justificaran la intervención.
Extracto de la motiva
La Sala considera que no existe en esta etapa del procedimiento presunción grave de violación a los derechos a la defensa y al debido proceso del recurrente, lo que permite concluir que en el caso bajo análisis no se configura la presunción de buen derecho o fumus boni iuris en favor de la parte actora y, mucho menos, el requisito del periculum in mora; este último determinable por la sola verificación del extremo anterior, conforme a la jurisprudencia pacífica de esta Instancia; por lo que debe declararse improcedente la acción de amparo constitucional cautelar incoada. Así se declara.
Dispositiva
Sobre la base de los argumentos precedentes, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara IMPROCEDENTE la acción de amparo constitucional interpuesta conjuntamente con el recurso contencioso administrativo de nulidad por el ciudadano ARQUÍMEDES JOSÉ SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, asistido de abogado, en el recurso contencioso administrativo de nulidad incoado contra las Resoluciones Nos. 01-00-000045 y 01-00-000122 de fechas 22 de febrero y 3 de junio de 2011, respectivamente, dictadas por la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.
Palabras clave
amparo cautelarcontencioso administrativointervenciónContraloría Municipalderecho a la defensa