Sentencia N° 1449 Político-Administrativa TSJ 2000: Multinacional de Seguros, C.A. — Declinación de competencia en acción de…

La Corte Primera de lo Contencioso Administrativo remitió un expediente de amparo constitucional contra una providencia de la Superintendencia de Seguros. La Sala Político-Administrativa, tras analizar la situación, determinó que la competencia para conocer de la consulta de la sentencia dictada por el tribunal inferior corresponde a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. En consecuencia, declinó la competencia para conocer de la acción de amparo interpuesta.

El 15 de diciembre de 1999, fue aprobada por referéndum la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en cuyo artículo 253 se dispone expresamente la creación del Tribunal Supremo de Justicia y en el artículo 262, la integración en varias Salas del mismo, dentro de las cuales se encuentra la, ya instalada, Sala Constitucional. Ahora bien, la vigente Carta Constitucional establece en su artículo 336, las atribuciones de la Sala Constitucional de este Supremo Tribunal y en el ordinal 10 del mismo, prevé: “Revisar las sentencias de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los tribunales de la República, en los términos establecidos por la ley orgánica respectiva”. Al respecto, esta Sala Político-Administrativa tal como señaló en sentencia Nº 152, de fecha 17-02-2000, bajo la Ponencia del Magistrado Carlos Escarrá Malavé, recaída en el expediente Nº 44, donde la Sala fijó su posesión, sigue los criterios interpretativos expresados por la Sala Constitucional en reciente sentencia del 20-01-2000 (caso: Emery Mata Millán vs. Ministro del Interior y Justicia y otros), tendentes a establecer pautas atributivas de competencia para conocer de las acciones de amparo constitucional, propuestas conforme a la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, adecuándolas a la nueva Constitución. Además de las consideraciones respecto al contenido de los artículos 7 y 8 eiusdem, dicho fallo indicó las reglas que deben regir en materia de revisión de sentencias dictadas en procesos de amparo y, a tal efecto, dispuso que “1.- Corresponde a la Sala Constitucional, por su esencia, al ser la máxima protectora de la Constitución y además ser el garante de la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales, de acuerdo con el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el conocimiento directo, en única instancia, de las acciones de amparo a que se refiere el artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, incoadas contra los altos funcionarios a que se refiere dicho artículo, así como contra los funcionarios que actúen por delegación de las atribuciones de los anteriores. Igualmente, corresponde a esta Sala Constitucional, por los motivos antes expuestos, la competencia para conocer de las acciones de amparo que se intenten contra las decisiones de última instancia emanadas de los Tribunales o Juzgados Superiores de la República, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y las Cortes de Apelaciones en lo Penal que infrinjan directa e inmediatamente normas constitucionales.

Por los razonamientos antes expuestos, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley DECLINA LA COMPETENCIA para conocer de la Consulta en acción de amparo interpuesta, en la Sala Constitucional de este Supremo Tribunal. Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase las presentes actuaciones junto con oficio a la mencionada Sala. Cúmplase lo ordenado.