Sentencia N° 1448 Político-Administrativa TSJ 2001: Mercedes Arcadia Montilla vs CONSEJO de la JUDICATURA

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia decidió sobre el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Mercedes Arcadia Montilla contra el acto administrativo que la destituyó de su cargo como Juez. La Sala consideró que el Consejo de la Judicatura actuó dentro de sus atribuciones y que la recurrente incurrió en error judicial inexcusable, lo que justificó la sanción de destitución. Finalmente, se declaró sin lugar el recurso y se ordenó la devolución del expediente administrativo.

Hechas las anteriores consideraciones, pasa esta Sala a decidir el recurso contencioso-administrativo de nulidad ejercido contra el acto administrativo de efectos particulares dictado por el extinto Consejo de la Judicatura, en virtud del cual se decidió la destitución de la abogada Mercedes Arcadia Montilla del cargo que venía desempeñando como Juez (provisorio) del Juzgado Superior Primero en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico y de su cargo como Juez del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguarda del Patrimonio Público de la misma circunscripción judicial. Efectuada la lectura del expediente y examinados los alegatos formulados por la parte recurrente así como por el órgano emisor del acto, se observa: 1.- La recurrente aduce, en primer término, que el acto objeto de impugnación se encuentra viciado de nulidad absoluta, al haber sido dictado por un órgano manifiestamente incompetente, como es el caso del extinto Consejo de la Judicatura, toda vez que a su entender, la actuación jurisdiccional únicamente puede ser revisada por el órgano judicial superior. Considera la Sala importante destacar en relación al vicio de incompetencia antes acotado, que doctrinariamente ha sido definida la competencia como la capacidad legal de actuación de la Administración, es decir, representa la medida de una potestad genérica que le ha sido conferida por Ley. De allí, que la competencia no se presuma sino que debe constar expresamente por imperativo de la norma legal. Determinar la incompetencia de un órgano de la Administración, supone demostrar que ésta ha actuado a sabiendas de la inexistencia de un poder jurídico previo que legitime su actuación, lo cual en aplicación de lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, acarrearía la nulidad absoluta del acto administrativo impugnado. Dicho lo anterior, es menester señalar que el extinto Consejo de la Judicatura tuvo su origen en la Constitución de 1.961 y se consagró como un órgano orientado a asegurar la independencia, eficacia, disciplina y decoro de los tribunales de la República, dejándose a cargo de la respectiva Ley, su organización y atribuciones. Sobre esa base, es preciso afirmar que el mencionado ente se constituyó como el órgano destinado a supervisar administrativamente la actividad judicial, circunscrita, naturalmente su actuación, al ejercicio de la competencia expresamente atribuida por la Ley, según los términos expuestos en el instrumento normativo que regía sus funciones. Siendo ello así, resulta improcedente sostener el vicio de incompetencia alegado, pues sin lugar a dudas, era el Consejo de la Judicatura, el ente llamado a revisar y a sancionar, de ser preciso, las conductas de los miembros del Poder Judicial sometidos a su competencia, y no como lo afirma la recurrente al señalar que es función del órgano jurisdiccional superior. Así se decide.

SIN LUGAR el recurso contencioso-administrativo de nulidad ejercido por la ciudadana MERCEDES ARCADIA MONTILLA conjuntamente con solicitud cautelar de amparo constitucional, contra el acto administrativo de fecha 10 de abril de 1997, dictado por el Tribunal Disciplinario del extinto CONSEJO de la JUDICATURA; acto mediante el cual se le destituyó del cargo de Juez Primero de Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguarda del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico y del cargo de Juez (temporal) Superior Primero en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico. En consecuencia, se ordena la devolución del expediente administrativo a la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial. Publíquese, regístrese y comuníquese. Archívese el expediente.