Sentencia N° 1448 Político-Administrativa TSJ 2000: Eulogia Gerardino Hernández vs Margarita Molero de Fuenmayor

La Corte Primera de lo Contencioso Administrativo remitió a la Sala Político-Administrativa un expediente de amparo constitucional interpuesto por Eulogia Gerardino Hernández contra Margarita Molero de Fuenmayor. La Sala, al analizar la situación, determinó que el acto lesivo provenía del Ministro de Justicia, quien no resolvió un recurso administrativo, lo que generó un silencio administrativo negativo. La Sala Político-Administrativa concluyó que no era competente para conocer del caso, ya que correspondía a la Sala Constitucional, dado que se trataba de una acción de amparo contra un alto funcionario del gobierno. Por lo tanto, la Sala no aceptó la competencia declinada y ordenó remitir las actuaciones a la Sala Constitucional.

En este orden de ideas, la vigente Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el último aparte del artículo 266, señala que corresponde a este Supremo Tribunal de Justicia, por intermedio de su Sala Constitucional principalmente, ejercer la jurisdicción constitucional, la cual comprende, entre otros aspectos, la interpretación sobre el contenido y alcance de las normas y principios constitucionales (artículo 335). Consecuencia de ello, constituye la interpretación que del artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales debe hacerse, en el sentido de que las acciones de amparo constitucional ejercidas contra el Presidente de la República, los Ministros, el Consejo Nacional Electoral, el Fiscal General de la República, el Procurador General de la República o el Contralor General de la República, esto es, los Altos Funcionarios del gobierno, han de ser tramitadas y decididas en el seno de la Sala Constitucional de este Supremo Tribunal, en virtud de haber sido ésta creada especialmente para conducir la jurisdicción constitucional. Ello evidencia que el criterio de distribución de la competencia en las Salas del Tribunal Supremo, por la afinidad de la materia con el derecho denunciado como infringido, a que se refiere el mencionado artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo, quedó sin efecto y, en tal sentido, las acciones de amparo constitucional que se propongan en forma autónoma contra los funcionarios señalados en la referida norma serán competencia de la Sala Constitucional.

En atención a lo precedentemente expuesto, y visto que en el presente caso se ha ejercido una acción de amparo constitucional contra el ciudadano Ministro de Justicia, hoy Ministro de Interior y Justicia, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, NO ACEPTA la competencia que le fuera declinada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, por corresponder el conocimiento y decisión de la presente causa, a la Sala Constitucional de este Supremo Tribunal. Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítanse las presentes actuaciones junto con oficio a la mencionada Sala. Cúmplase lo ordenado.