Sentencia N° 142 Político-Administrativa TSJ 2000: Crocifissa Ardagna, Maria Benenati, Gaetana… vs Altagracia Sano

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la regulación de jurisdicción solicitada en un interdicto de obra nueva. Se determinó que el Poder Judicial tiene jurisdicción para conocer y decidir la acción intentada por los demandantes contra la demandada. La decisión impugnada fue confirmada y se impuso una multa a la parte demandada por haber interpuesto una solicitud de regulación de jurisdicción infundada.

Del análisis del libelo de la demanda resulta evidente que la acción ejercida es un Interdicto de Obra Nueva, acción ésta de derecho común y prevista en el artículo 785 del Código Civil de Venezuela, cuyo conocimiento y decisión única y exclusivamente corresponde a los órganos jurisdiccionales, según lo dispuesto en el antes mencionado artículo y en los artículos 697, 713 y 714 del Código de Procedimiento Civil. Así se declara.

Por las razones antes expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara que el Poder Judicial SI TIENE JURISDICCION para conocer y decidir la acción intentada por Crocifissa Ardagna, Maria Benenati, Gaetana Benenati y Esteban Benenati, contra Altagracia Sano. Queda así confirmada la decisión impugnada, emitida por el a quo en fecha 25 de julio de 1.994. Asimismo, de conformidad con el artículo 76 del Código de Procedimiento Civil, se impone multa a la parte demandada, por el monto de CINCO MIL BOLIVARES (Bs. 5.000,oo), en razón de haber interpuesto una solicitud de regulación de jurisdicción manifiestamente infundada, comisionándose para su ejecución al tribunal de la causa. Igualmente, la sala considera que en el presente caso existen fundados indicios de que los abogados de la parte demandada han incurrido en faltas a los deberes procesales de lealtad y probidad, al interponer tanto la falta de jurisdicción, como la regulación de jurisdicción, con manifiesta ausencia de fundamento jurídico, obstaculizando de manera ostensible y reiterada el desenvolvimiento normal del proceso, conductas previstas y sancionadas en los artículos 17 y 170 del Código de Procedimiento Civil, en consecuencia, se ordena expedir por Secretaría, copia certificada del presente fallo para ser remitido al Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados del Estado Miranda, a fin de que esta institución gremial provea lo que juzgue conducente, con relación a la responsabilidad ética y disciplinaria de los abogados Ricardo Fraga Otero y Julio Bravo Monagas, Inpreabogados Número: 5.431 y 10.374 respectivamente, debiendo informar a esta Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase lo ordenado.