Sentencia N° 1411 Político-Administrativa TSJ 2000: Luis Roberto Martinez Pereira vs República de Venezuela (Ministerio de…

La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la declinatoria de competencia planteada por la Sala de Casación Civil en un caso de prestaciones sociales. Se determinó que la competencia para conocer de la causa correspondía a la Sala Político Administrativa, dado que el demandante era un funcionario del Servicio Exterior, excluido de la Ley de Carrera Administrativa. La Sala validó el procedimiento seguido por el Juzgado Primero de Primera Instancia del Trabajo y ordenó la designación de un ponente para continuar con el caso.

Al respecto, esta Sala ha señalado en anteriores oportunidades que las demandas y recursos interpuestos por funcionarios adscritos al Servicio Exterior contra la República son competencia de esta Sala Política Administrativa y no del Tribunal de la Carrera Administrativa, en virtud de que estos funcionarios se encuentran excluidos de la aplicación de la Ley de Carrera Administrativa por mandato expreso del artículo 5 de dicha Ley. En efecto, en sentencia de fecha 8 de abril de 1.997, al resolver una declinatoria de competencia en una demanda incoada por un funcionario de los denominados en la Ley de Personal del Servicio Exterior como Funcionario en Comisión, la Sala estableció: “El problema medular planteado en el presente caso, a juicio de la Sala, radica en lo que debe entenderse cuando el artículo 5, numeral 2 de la Ley de Carrera Administrativa, habla de funcionarios del Servicio Exterior amparados por la Ley de Personal del Servicio Exterior. Al respecto considera esta Sala, que el criterio mantenido por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo hasta la fecha de la decisión apelada, mediante el cual los funcionarios en comisión no se encuentran ‘amparados’ –como sinónimo de protegidos- en materia de estabilidad laboral por la Ley de Personal del Servicio Exterior, y por lo tanto debe aplicársele en esta materia las normas contenidas en la Ley Carrera Administrativa, era incorrecto, toda vez que los funcionarios en comisión se encuentran regulados o sometidos a un régimen jurídico o estatuto de Personal determinado (Ley de Personal del Servicio Exterior) y por ende excluidos de la aplicación de la Ley de Carrera Administrativa, no sólo en materia de estabilidad, sino en todos los demás aspectos relacionados con el ejercicio de esta clase de funcionarios.” Es por ello, que en el caso subjudice, al ser el actor funcionario del Servicio Exterior y, por ende, excluido de la aplicación de la Ley de Carrera Administrativa, puesto que se encuentra regido por la Ley de Personal del Servicio Exterior, esta Sala concluye que, efectivamente, como sostiene la Sala de Casación Civil, la competencia se encuentra atribuida a esta Sala Político Administrativa, de conformidad con el numeral 10 del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. Así se declara.

Por los razonamientos antes expuestos, esta Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: PRIMERO: ACEPTA LA DECLINATORIA DE COMPETENCIA que le hiciera la Sala de Casación Civil para conocer y decidir la presente causa que, por prestaciones sociales y otros conceptos, incoara el ciudadano LUIS ROBERTO MARTINEZ PEREIRA, contra la República de Venezuela (Ministerio de Relaciones Exteriores). SEGUNDO: DECLARA LA VALIDEZ del procedimiento seguido en el Tribunal de la Carrera Administrativa. TERCERO: ORDENA la designación de Ponente, a los fines de decidir la presente causa, fijándose un término de veinte (20) días de despacho para la relación de la causa, de conformidad con lo previsto en el artículo 94 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase, con oficios, copias certificadas de la presente decisión al Juzgado Primero de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, al Tribunal de Carrera Administrativa y a la Sala de Casación Civil de este Alto Tribunal. Cúmplase lo ordenado.