Sentencia N° 1393 Político-Administrativa TSJ 2000: Instituto de Beneficiencia Pública y… — Declinación de competencia en materia…

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la nulidad de una ordenanza municipal solicitada por el Instituto de Beneficencia Pública y Bienestar Social del Estado Táchira. La Sala determinó que, aunque la competencia para conocer de estos recursos correspondía a la Corte en Pleno, la nueva Constitución asignó esta competencia a la Sala Constitucional. Por lo tanto, declinó la competencia para conocer del caso a la Sala Constitucional.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dispone en su artículo 262, la creación del Tribunal Supremo de Justicia, así como de las distintas Salas que lo integran, dentro de las cuales se encuentra la, ya constituida, Sala Constitucional. Asimismo, otorga en forma expresa, ciertas competencias a sus distintas Salas, y deja a cargo de la respectiva ley orgánica, la cual deberá ser aprobada por la Asamblea Nacional dentro del primer año contado a partir de su instalación, la distribución de otras no atribuidas expresamente. Ahora bien, a los fines de mantener el funcionamiento integral del Estado, debe este Supremo Tribunal continuar con su labor de máximo administrador de justicia. Por tanto, aún cuando no haya sido dictada hasta el presente la aludida ley orgánica, reguladora de las funciones de este Alto Tribunal, sus Salas están obligadas a conocer y decidir todos aquellos casos que cursaban por ante la extinta Corte Suprema de Justicia, así como aquellos que ingresen, atendiendo a la afinidad existente entre la materia debatida en cada caso concreto y la especialidad de cada una de las Salas. Así las cosas y a fin de determinar la competencia para conocer del presente caso, es preciso señalar que la jurisprudencia reiterada de la extinta Corte Suprema de Justicia estableció que el conocimiento de los recursos de nulidad intentados contra las Ordenanzas Municipales correspondía a la Corte en Pleno, de conformidad con las normas atributivas de competencia establecidas en el artículo 42, ordinal 3º en concordancia con el artículo 43 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, a raíz de la entrada en vigencia de la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela observa la Sala que aquella competencia atribuida a la Sala Plena se encuentra ahora asignada a la Sala Constitucional de este Alto Tribunal por mandato expreso de su artículo 336 el cual establece: “Artículo 336: Son atribuciones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia: ... omissis ... 2. Declarar la nulidad total o parcial de la Constitución y leyes estadales, de las ordenanzas municipales y demás actos de los cuerpos deliberantes de los Estado y Municipios dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución y que colidan con ésta. ... omissis ...”(resaltado de la Sala)

En atención a los razonamientos precedentemente expuestos esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley DECLINA LA COMPETENCIA para conocer y decidir la presente causa en la Sala Constitucional de este Supremo Tribunal. Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítanse las presentes actuaciones junto con oficio a la mencionada Sala. Cúmplase lo ordenado.