Sentencia N° 1389 Político-Administrativa TSJ 2000: Joaquín Chaffardet Ramos vs República de Venezuela — Ejecución de sentencia…

La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia dictó sentencia el 11 de noviembre de 1999, declarando parcialmente con lugar la demanda de cobro de honorarios profesionales presentada por Joaquín Chaffardet Ramos contra la República de Venezuela. Se condenó a la República a pagar la suma de veinticinco millones de Bolívares por honorarios, con corrección monetaria correspondiente. Posteriormente, se solicitó la ejecución de dicha sentencia, lo que llevó a la Sala a decretar la ejecución de la misma, ordenando notificar al Procurador General de la República para el cumplimiento voluntario de la sentencia.

Por cuanto la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en Gaceta Oficial Nro. 36.860, de fecha 30 de diciembre de 1999, estableció un cambio en la estructura y denominación de este Máximo Tribunal, y por cuanto mediante Decreto de fecha 22 de diciembre de 1999, la Asamblea Nacional Constituyente designó a los Magistrados de este Tribunal Supremo de Justicia, y una vez constituida la Sala Político Administrativa, esta ordenó la continuación de la presente causa, designándose ponente al Magistrado CARLOS ESCARRA MALAVE. En fecha 22 de febrero de 2000, el apoderado judicial del recurrente, solicitó que, de conformidad con el artículo 524 del Código de Procedimiento Civil, se ordenara la ejecución de la referida sentencia. Vista la solicitud contenida en la anterior diligencia, esta Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECRETA LA EJECUCION de la sentencia de fecha 11 de noviembre de 1999, con la corrección monetaria ordenada en dicho fallo y practicada por el Banco Central de Venezuela, antes indicada, y se ordena notificar al ciudadano PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA, a los fines de que proceda al cumplimiento voluntario de la sentencia, concediéndole, para tal fín, un lapso de diez (10) días hábiles, contados a partir de su notificación, a los fines de que el Ejecutivo Nacional determine los términos en que haya de cumplirse lo sentenciado. De no hacerse, respetando los principios de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los privilegios del Fisco, se procederá a la ejecución conforme a lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, aplicable por analogía al caso de autos.

DECRETA LA EJECUCION de la sentencia de fecha 11 de noviembre de 1999, con la corrección monetaria ordenada en dicho fallo y practicada por el Banco Central de Venezuela, antes indicada, y se ordena notificar al ciudadano PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA, a los fines de que proceda al cumplimiento voluntario de la sentencia, concediéndole, para tal fín, un lapso de diez (10) días hábiles, contados a partir de su notificación, a los fines de que el Ejecutivo Nacional determine los términos en que haya de cumplirse lo sentenciado. De no hacerse, respetando los principios de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los privilegios del Fisco, se procederá a la ejecución conforme a lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, aplicable por analogía al caso de autos.