Sentencia N° 1388 Político-Administrativa TSJ 2000: Alfonso Gonzalez DEL Castillo vs República de Venezuela (Ministerio de…

La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia aceptó la declinatoria de competencia presentada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo en un caso de cobro de bolívares interpuesto por Alfonso González del Castillo contra la República de Venezuela. La Sala determinó que el Tribunal de la Carrera Administrativa no era competente para conocer el caso, dado que el demandante era un funcionario del Servicio Exterior, excluido de la Ley de Carrera Administrativa. En consecuencia, se anuló la sentencia del Tribunal de la Carrera Administrativa y se ordenó la continuación del procedimiento ante la Sala Político Administrativa.

Al respecto, esta Sala ha señalado en anteriores oportunidades que las demandas y recursos interpuestos por funcionarios adscritos al Servicio Exterior contra la República son competencia de esta Sala Política Administrativa y no del Tribunal de la Carrera Administrativa, en virtud que estos funcionarios se encuentran excluidos de la aplicación de la Ley de Carrera Administrativa por mandato expreso del artículo 5 de dicha Ley. En efecto, en sentencia de fecha 8 de abril de 1.997, al resolver una declinatoria de competencia en una demanda incoada por un funcionario de los denominados en la Ley de Personal del Servicio Exterior como Funcionario en Comisión, la Sala estableció: “El problema medular planteado en el presente caso, a juicio de la Sala, radica en lo que debe entenderse cuando el artículo 5, numeral 2 de la Ley de Carrera Administrativa, habla de funcionarios del Servicio Exterior amparados por la Ley de Personal del Servicio Exterior. Al respecto considera esta Sala, que el criterio mantenido por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo hasta la fecha de la decisión apelada, mediante el cual los funcionarios en comisión no se encuentran ‘amparados’ – como sinónimo de protegidos- en materia de estabilidad laboral por la Ley de Personal del Servicio Exterior, y por lo tanto debe aplicársele en esta materia las normas contenidas en la Ley Carrera Administrativa, era incorrecto, toda vez que los funcionarios en comisión se encuentran regulados o sometidos a un régimen jurídico o estatuto de Personal determinado (Ley de Personal del Servicio Exterior) y por ende excluidos de la aplicación de la Ley de Carrera Administrativa, no sólo en materia de estabilidad, sino en todos los demás aspectos relacionados con el ejercicio de esta clase de funcionarios.” Es por ello, que en el caso subjudice, al ser el actor funcionario del Servicio Exterior y, por ende, excluido de la aplicación de la Ley de Carrera Administrativa, puesto que se encuentra regido por la Ley de Personal del Servicio Exterior, esta Sala concluye que, efectivamente, como sostiene la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, el Tribunal de la Carrera Administrativa era incompetente para conocer de la presente causa, en virtud de que dicha competencia se encuentra atribuida a esta Sala Político Administrativa, de conformidad con el numeral 10 del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. Así se declara.

PRIMERO: ACEPTA LA DECLINATORIA DE COMPETENCIA que le hiciera la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo para conocer y decidir la presente causa que, por cobro de bolívares, incoara el ciudadano ALFONSO GONZALEZ DEL CASTILLO, contra la República de Venezuela (Ministerio de Relaciones Exteriores). SEGUNDO: ANULA la sentencia de fecha 21 de abril de 1989 dictada por el Tribunal de la Carrera Administrativa y declara la validez del procedimiento seguido hasta la etapa de informes. TERCERO: ORDENA la designación de Ponente, a los fines de decidir la presente causa, fijándose un término de veinte (20) de despacho para la relación de la causa, de conformidad con lo previsto en el artículo 94 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase, con oficios, copias certificadas de la presente decisión a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y al Tribunal de Carrera Administrativa. Cúmplase lo ordenado.