Sentencia N° 1384 Político-Administrativa TSJ 2000: Luz Magaly Serna Rugeles vs República de Venezuela — Indemnización por daños…

La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia dictó una sentencia el 15 de junio de 2000, en la que se declara parcialmente con lugar la acción por daños morales presentada por LUZ MAGALY SERNA RUGELES contra la República de Venezuela. Se condena a la República a pagar una indemnización de ochenta millones de bolívares, además de ordenar una experticia complementaria para determinar el monto de la corrección monetaria desde la fecha de la demanda hasta la publicación del fallo. La sentencia también establece que el Banco Central de Venezuela debe informar sobre el cálculo de la corrección monetaria, que resultó en un total de setecientos treinta millones doscientos ochenta y nueve mil seiscientos ochenta y nueve bolívares con siete céntimos. Posteriormente, se ordena la ejecución de la sentencia y se concede un lapso de diez días hábiles al Procurador General de la República para que proceda al cumplimiento voluntario de la misma. Finalmente, se advierte que, de no cumplirse, se procederá a la ejecución conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Régimen Municipal, aplicable por analogía al caso.

Por cuanto la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en Gaceta Oficial Nro. 36.860, de fecha 30 de diciembre de 1999, estableció un cambio en la estructura y denominación de este Máximo Tribunal, y por cuanto mediante Decreto de fecha 22 de diciembre de 1999, la Asamblea Nacional Constituyente designó a los Magistrados de este Tribunal Supremo de Justicia, y una vez constituida la Sala Político Administrativa, esta ordenó la continuación de la presente causa, designándose ponente al Magistrado CARLOS ESCARRA MALAVE. En fecha 4 de abril de 2000, el apoderado judicial de la recurrente, solicitó que se ordenara la ejecución de la referida sentencia y fije a la República un lapso para que efectúe el cumplimiento voluntario de dicho fallo. En fecha 4 de mayo de 2000, el mencionado apoderado judicial ratificó la solicitud, en el sentido de que se ordene la ejecución voluntaria del referido fallo.

DECRETA LA EJECUCION de la sentencia de fecha 11 de noviembre de 1999, con la corrección monetaria ordenada en dicho fallo y practicada por el Banco Central de Venezuela, antes indicada, y se ordena notificar al ciudadano PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA, a los fines de que proceda al cumplimiento voluntario de la sentencia, concediéndole, para tal fín, un lapso de diez (10) días hábiles, contados a partir de su notificación, a los fines de que el Ejecutivo Nacional determine los términos en que haya de cumplirse lo sentenciado. De no hacerse, respetando los principios de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los privilegios del Fisco, se procederá a la ejecución conforme a lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, aplicable por analogía al caso de autos.