Sentencia N° 1360 Político-Administrativa TSJ 2000: EDUARDO FARIA CAÑIZALES y NIRIA QUINTERO DE… vs Maraven S.A.

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia acepta la competencia para conocer de la causa presentada por Eduardo Faria Cañizales y Niria Quintero de Faria contra Maraven S.A. por daños y perjuicios. Se establece que la demanda cumple con los requisitos de competencia establecidos en la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, dado que se demanda a una empresa estatal y la cuantía supera los cinco millones de bolívares.

Efectivamente, el artículo 42, numeral 15 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, textualmente establece que es competencia de esta Sala Político-Administrativa: “Conocer de las acciones que se propongan contra la República, o algún Instituto Autónomo o empresa en la cual el Estado tenga participación decisiva, si su cuantía excede de cinco millones de bolívares, y su conocimiento no está atribuido a otra autoridad”. Como puede observarse, la norma arriba transcrita establece un régimen especial de competencia a favor del Tribunal Supremo de Justicia, en todas aquellas acciones intentadas, que cumplan con las tres condiciones contempladas en la misma, a saber: 1) Que se demande a la República, a algún Instituto Autónomo o empresa en la cual el Estado tenga participación decisiva; 2) Que la acción incoada tenga una cuantía superior a cinco millones de bolívares (Bs. 5.000.000,oo); y 3) Que el conocimiento de la causa no esté atribuido a ninguna otra autoridad, entendiendo con ello, que la norma bajo análisis constituye una derogatoria de la jurisdicción civil y mercantil, que es la jurisdicción ordinaria, pero no de las otras jurisdicciones especiales, tales como la Laboral, del Tránsito o Agraria. Debe la Sala entonces, a los fines de establecer la competencia, analizar si la acción incoada cumple o no con las condiciones antes descritas, y en tal sentido observa: En primer término, la demanda ha sido intentada contra Maraven S.A., empresa ésta filial de Petróleos de Venezuela S.A., que por fusión de las filiales operadoras de Petróleos de Venezuela, S.A., realizada en fecha 30 de diciembre de 1.997, ahora se denomina PDVSA Petróleo y Gas, S.A., empresa ésta, que tal como consta en autos pertenece íntegramente al Estado Venezolano, siendo por tanto evidente la injerencia de éste en la toma de decisiones y funcionamiento de la misma, con lo cual se considera satisfecho el primer requisito, y así se declara.

Por las razones antes expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, ACEPTA LA COMPETENCIA para conocer de la presente causa, de conformidad con lo establecido en el numeral 15 del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, en concordancia con el artículo 43 eiusdem y el artículo 259 de la Constitución, norma rectora de la jurisdicción contencioso administrativa, en consecuencia, se anulan las actuaciones habidas en este juicio y se repone la causa al estado de admisión. Se ordena remitir los autos al Juzgado de Sustanciación, a los fines de que se pronuncie sobre los requisitos de admisibilidad de la demanda, con excepción de la competencia, ya decidida en este fallo. Publíquese, regístrese y comuníquese. Cúmplase lo ordenado.