Sentencia N° 1354 Político-Administrativa TSJ 2000: Evelio José Armas Laya vs Ministerios de Fomento y Transporte y…

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la competencia para conocer de una acción de amparo constitucional interpuesta por el Alcalde del Municipio Mario Briceño Iragorry contra los Ministerios de Fomento y Transporte y Comunicaciones. La Corte Primera de lo Contencioso Administrativo había declinado su competencia, lo que llevó a la Sala a analizar la distribución de competencias según la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La Sala determinó que, dado que la acción de amparo se dirigía contra actos de altos funcionarios del gobierno, la competencia correspondía a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. En consecuencia, la Sala Político-Administrativa no aceptó la competencia declinada y ordenó remitir el expediente a la Sala Constitucional para su conocimiento y decisión. Finalmente, se ordenó la publicación y registro de la decisión, así como la remisión de copias certificadas del fallo a los tribunales correspondientes.

La vigente Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el último aparte del artículo 266, señala que corresponde a este Supremo Tribunal de Justicia, por intermedio de su Sala Constitucional principalmente, ejercer la jurisdicción constitucional, la cual comprende, entre otros aspectos, la interpretación sobre el contenido y alcance de las normas y principios constitucionales (artículo 335). Consecuencia de ello, constituye la interpretación que del artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales debe hacerse, en el sentido de que las acciones de amparo constitucional ejercidas contra el Presidente de la República, los Ministros, el Consejo Nacional Electoral, el Fiscal General de la República, el Procurador General de la República o el Contralor General de la República, esto es, los Altos Funcionarios del gobierno, han de ser tramitadas y decididas en el seno de la Sala Constitucional de este Supremo Tribunal, en virtud de haber sido ésta creada especialmente para conducir la jurisdicción constitucional. Ello evidencia que el criterio de distribución de la competencia en las Salas del Tribunal Supremo por la afinidad de la materia con el derecho denunciado como infringido, a que se refiere el mencionado artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo, queda sin efecto y, en tal sentido, las acciones de amparo constitucional que se propongan en forma autónoma contra los funcionarios señalados en la referida norma serán competencia de la Sala Constitucional. Al respecto, esta Sala Político Administrativa, tal como señaló en sentencia de fecha 17 de febrero de 2000, sigue los criterios expresados por la Sala Constitucional de este Supremo Tribunal en Sentencias de fecha 20 de enero del 2000 (Casos: Emery Mata Millán y Domingo Gustavo Ramírez Monja), conforme a las cuales corresponde a esa instancia “...por su esencia, al ser la máxima protectora de la Constitución y además ser el garante de la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales, de acuerdo con el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el conocimiento directo, en única instancia, de las acciones de amparo a que se refiere el artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, incoadas contra los altos funcionarios a que se refiere dicho artículo, así como contra los funcionarios que actúen por delegación de las atribuciones de los anteriores.” En el caso de autos, al estar en presencia de una acción de amparo constitucional en contra de un acto emanado de una de las autoridades contempladas en el artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, la competencia para conocer del mismo, a la luz de la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, corresponde a la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia. Así se decide.

En atención a lo precedentemente expuesto, y visto que en el presente caso se ha ejercido una acción de amparo constitucional contra una Resolución conjunta de los Ministerios de Fomento y Transporte y Comunicaciones, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley NO ACEPTA la competencia que le fuera declinada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, por corresponder el conocimiento y decisión de la presente causa a la Sala Constitucional de este Supremo Tribunal. Publíquese, regístrese y comuníquese. Envíese copia certificada del presente fallo al Tribunal Superior en lo Civil, Mercantil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, con sede en Maracay y a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. Remítanse las presentes actuaciones junto con oficio a la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia. Cúmplase lo ordenado.