Sentencia N° 1333 Político-Administrativa TSJ 2000: Pedro Segundo Ramirez vs Cámara Municipal del Distrito Iribarren

La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia acepta la declinatoria de competencia presentada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, anulando la sentencia de 9 de mayo de 1986 del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental. Se declara la validez del procedimiento seguido hasta la etapa de informes y se ordena la designación de un nuevo ponente para decidir la causa. La decisión se fundamenta en la interpretación de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que otorgan a la Sala Político Administrativa la competencia para conocer de la nulidad de actos administrativos emanados de entidades públicas. La Sala considera que el procedimiento seguido por el Juzgado Superior fue válido y que no se violaron derechos fundamentales de las partes. Finalmente, se establece un término de veinte días para la relación de la causa, asegurando así el cumplimiento de los plazos procesales establecidos por la ley.

Para la determinación del órgano competente a los fines del conocimiento de la presente causa, este Alto Tribunal considera necesario precisar previamente el alcance de la decisión de la Corte Primera declinante del presente recurso, ya que la mencionada decisión expresó que, en función de lo consagrado en el artículo 42, numeral 14, de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, para conocer de las cuestiones de cualquier naturaleza que se susciten con motivo de la interpretación, cumplimiento, caducidad, nulidad, validez o resolución de contratos administrativos en los cuales sea parte la República, los Estados o las Municipalidades, y tomando en cuenta que en el caso de marras se pretende declarar la nulidad de un acto administrativo emanado de la Cámara Municipal del Distrito Iribarren, en la Sesión Nº 37 de fecha 9 de mayo de 1985, mediante el cual se ratificó el dictamen de fecha 28 de diciembre de 1984, en el que se negó la solicitud de prórroga del contrato de arrendamiento con opción a compra, de un terreno de origen ejidal, suscrito el 28 de diciembre de 1983, aprobado en Sesión Nº 86, de fecha 19 de diciembre de 1983, es motivo por el que se consideran llenos los requisitos exigidos en el mencionado artículo, para declarar la competencia de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. Aunado a lo anterior, tenemos que con la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cobra mayor fuerza las consideraciones antes expuestas, ya que en su artículo 266, numeral 5, dispone que es atribución de la Sala Político Administrativa declarar la nulidad total o parcial de los reglamentos y demás actos administrativos generales o individuales del Ejecutivo Nacional, cuando sea procedente. De la norma anteriormente transcrita se constatan los criterios resumidos en el presente fallo y, por supremacía de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, debe aplicarse de manera inmediata.

Por los razonamientos antes expuestos, esta Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley ACEPTA LA DECLINATORIA DE COMPETENCIA que le hiciera la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo para conocer y decidir la presente causa y, en consecuencia, anula la sentencia de fecha 9 de mayo de 1986 dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental y declara la validez del procedimiento seguido hasta la etapa de informes. Se ordena la designación de Ponente, a los fines de decidir la presente causa, fijándose un termino de veinte (20) de despacho para la relación de la causa, de conformidad con lo previsto en el artículo 94 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.