Sentencia N° 1329 Político-Administrativa TSJ 2000: Josefina Maria Gonzalez vs C.A. Electricidad de Oriente (Eleoriente)

La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la competencia para conocer de una demanda por daños morales y materiales presentada contra la C.A. Electricidad de Oriente. Se determinó que la Sala era competente, dado que la cuantía de la demanda excedía los cinco millones de bolívares y el Estado tenía participación decisiva en la empresa demandada. La decisión se fundamentó en el artículo 42, numeral 15 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.

El artículo 42, numeral 15º de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia establece: “Es de la competencia de la Corte como más alto Tribunal de la República: ...omissis... 15º: “Conocer de las acciones que se propongan contra la República o algún Instituto Autónomo o empresa en la cual el Estado tenga participación decisiva, si su cuantía excede de cinco millones de bolívares, y su conocimiento no está atribuido a otra autoridad.” De la norma transcrita, en concordancia con el artículo 43 ejusdem, se constata que, a los efectos de determinar la competencia de esta Sala Político Administrativa para conocer de las acciones que se interpongan contra alguna empresa del Estado, es necesario que el Estado tenga participación decisiva, la cuantía exceda de cinco millones de bolívares y su conocimiento no esté atribuido a ninguna otra autoridad. Ahora bien, en el caso de autos se observa que: a) La parte demandada, es la C.A. ELECTRICIDAD DE ORIENTE (ELEORIENTE), la cual, según se constata de sus documentos constitutivos y estatutarios y de la jurisprudencia reiterada de esta Sala, es una empresa del Estado venezolano, cuyos únicos accionistas son: la C.A. de Administración y Fomento Eléctrico (CADAFE) y el Fondo de Inversiones de Venezuela. b) Los daños y perjuicios demandados se estimaron en la cantidad de OCHENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL BOLIVARES SIN CENTIMOS (Bs.82.448.000,00), por lo que evidentemente excede del mínimo exigido; y c) La competencia no ha sido atribuida a ninguna otra autoridad. Por lo tanto, visto que el asunto bajo análisis reúne los extremos de los supuestos previstos en el numeral 15 del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, esta Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia SE DECLARA COMPETENTE para conocer del presente caso. Así se decide.

PRIMERO: ACEPTA LA COMPETENCIA que le fuera declinada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, de Tránsito, del Trabajo y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, en virtud de la decisión de fecha 28 de mayo de 1.998. SEGUNDO: Ordenar remitir el expediente al Juzgado de Sustanciación, a los fines de que éste se pronuncie acerca de cualquier otro extremo de admisibilidad –salvo la competencia- y si ello resultare procedente, sustancie el juicio con arreglo a los trámites procesales pertinentes. TERCERO: REMÍTASE, con oficio, copia certificada de la presente decisión al Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, de Tránsito, del Trabajo y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta. Publíquese, regístrese y comuníquese. Cúmplase lo ordenado.