Sentencia N° 1324 Político-Administrativa TSJ 2001: Félix Manuel Alvarado Martinez — Declaración de perención en apelación…

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia declara consumada la perención y extingue la instancia en la apelación interpuesta por Félix Manuel Alvarado Martínez. Se establece que la causa estuvo paralizada por más de un año, lo que da lugar a la perención de pleno derecho según el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. La decisión se fundamenta en la inactividad procesal de las partes y la necesidad de evitar la prolongación indefinida de los litigios.

Para decidir la Sala observa: De conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, la instancia se extingue de pleno derecho en las causas que hayan estado paralizadas por más de un año a partir del último acto de procedimiento, por lo que, en tal caso, este Supremo Tribunal sin más trámites debe declarar la perención, de oficio o a instancia de parte. En este sentido, esta Sala en decisión de fecha 13 de febrero del presente año declaró que la perención: “Se trata, así, del simple cumplimento de una condición objetiva, independiente por tanto de la voluntad de las partes, es decir, no atribuible a motivos que le son imputables, y consistente en el solo transcurso del tiempo de un año de inactividad para la procedencia de la perención. Ello refleja la verdadera intención del legislador ya plasmada en anterior decisión de esta Sala (Vid. caso: CEBRA, S.A. del 14 de julio de 1983), no sólo de evitar que los litigios se prolonguen indefinidamente, así como el exonerar a los Tribunales, después de un prolongado período de inactividad procesal, del deber de dictar nuevas providencias en casos presuntamente abandonados por los litigantes. Se tuvo también en cuenta la necesidad de eliminar la incertidumbre acerca de la firmeza de los actos del Poder Público, los cuales pudieren ser objeto de impugnación por inconstitucionalidad o ilegalidad ante el Supremo Tribunal o ante los demás órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa. Así, declarada la perención en el juicio, el efecto se limita a la extinción del proceso privándose de firmeza al acto recurrido cuando se vulnere el orden público, y su control por Ley, corresponda a este Alto Tribunal; por tanto quienes tengan interés personal, legítimo y directo pueden proponer nuevamente la demanda conforme a los supuestos y mediante los mecanismos legalmente establecidos. Por último, esta interpretación es en un todo coherente con el resto del texto de la Ley bajo examen, por cuanto no contradice el artículo 96 eiusdem que dispone: ‘Los informes constituyen la última actuación de las partes en relación con la materia litigiosa que sea objeto del juicio o de la incidencia de que se trate. Concluido el acto de informes, no se permitirá a las partes nuevos alegatos o pruebas relacionadas con dicha materia, salvo lo dispuesto en el artículo 407 del Código de Procedimiento Civil (artículo 514 del Código vigente), pero quienes hayan informado verbalmente pueden presentar conclusiones escritas dentro de los tres días siguientes.’ En efecto, cuando la norma transcrita establece que la 'última actuación de las partes' en el juicio son los informes, se está refiriendo según el significado de las palabras empleadas y su conexión entre sí a que no se permite a los litigantes después de informes traer nuevos alegatos o pruebas; sin que ello implique un impedimento para seguir actuando en juicio, en la forma de impulsar el procedimiento hasta su definitiva conclusión con el fallo respectivo.

En virtud de lo anterior, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA CONSUMADA LA PERENCIÓN y, en consecuencia, EXTINGUIDA LA INSTANCIA en la apelación interpuesta por el abogado FELIX MANUEL ALVARADO MARTINEZ, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 17.542, contra la sentencia de fecha 25 de febrero de 1998, dictada por el referido Tribunal con ocasión de la solicitud de ejecución (arreglo amigable), presentado ante la mencionada Corte Primera de lo Contencioso Administrativo en fecha 12 de junio de 1986, por la abogada MARIA DE LOURDES VERDE ACOSTA, en su carácter de Adjunta a la Directora de Expropiación y de Adquisición de Bienes y Derechos Patrimoniales de la Procuraduría General de la República, relativa al inmueble ubicado en la Urbanización El Paraíso, Parcelamiento Los Samanes, Jurisdicción de la Parroquia San Juan del Departamento Libertador del Distrito Federal, afectado por Decreto Ejecutivo Nº 1.742, de fecha 24 de agosto de 1976, publicado en Gaceta Oficial Nº 31.053. En consecuencia queda firme la referida sentencia. Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el presente expediente a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. Cúmplase lo ordenado.