Sentencia N° 1321 Político-Administrativa TSJ 2000: José Antonio Carleos Romero vs Manuel Alvarez Fustes

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la falta de jurisdicción de los tribunales venezolanos para conocer un juicio por cobro de bolívares, donde el demandante, JOSÉ ANTONIO CARLEOS ROMERO, reclamaba al demandado, MANUEL ALVAREZ FUSTES, por una operación de compra-venta de bienes situados en España. La Sala determinó que la acción debía ser planteada ante la autoridad judicial española, dado que los hechos y el contrato se relacionaban con bienes en el extranjero.

La falta de jurisdicción sólo puede ocurrir, o bien cuando el conocimiento del asunto esté atribuido a la Administración Pública, o bien respecto del juez extranjero. En relación a las decisiones en materia de jurisdicción, la entonces denominada Corte Suprema de Justicia venía sosteniendo que la consulta operaría siempre ante la Sala Político-Administrativa. En efecto, dejó sentado la Sala en esa oportunidad que: 'La consulta es un recurso de tal trascendencia que se deja en las manos de esta Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, por lo cual, ella se refiere a situaciones en las cuales está interesada efectivamente la soberanía de la República (frente a la jurisdicción extranjera) o bien la autonomía del Poder Judicial (frente a la Administración). En base al anterior argumento, si el juez declara su jurisdicción, no están afectados por ello los mecanismos fundamentales del Estado como tal, lo que sí sucede cuando niega su jurisdicción.'

De conformidad con los razonamientos anteriormente señalados, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara que los Tribunales Venezolanos no tienen jurisdicción para conocer y decidir sobre el presente juicio. En consecuencia, se confirma la decisión dictada por el a quo en fecha 14 de junio de 1993 y, de conformidad con el artículo 57 de la Ley de Derecho Internacional Privado, se ordena devolver el expediente al Tribunal de origen, a los fines de su archivo, quedando extinguida la causa.