Sentencia N° 1318 — Sala Político Administrativa del TSJ, 12 de noviembre de 2002

La ciudadana Grecia Dhurillys Coronado interpuso un recurso contencioso-administrativo de nulidad contra su destitución como Juez de Primera Instancia, alegando violaciones a sus derechos constitucionales. La Sala Político-Administrativa admitió el recurso para su trámite, pero declaró sin lugar la solicitud cautelar de amparo constitucional acumulada al mismo. La decisión se fundamentó en la falta de pruebas suficientes que demostraran la violación de derechos alegados por la recurrente.

La conducta sancionada se circunscribe al hecho de que, ordenada en fecha 25 de julio de 1997 la ejecución forzosa de la sentencia definitiva que declarara con lugar la demanda de nulidad de compra-venta interpuesta en el tribunal a su cargo, la juez denunciada procedió a revocar por contrario imperio el auto de ejecución de esa sentencia. Tal circunstancia llevó a la Inspectoría General de Tribunales a considerar incursa a la ciudadana antes mencionada en la causal prevista en el ordinal 10º del artículo 39 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, así como el numeral 2 del artículo 40 de la Ley de Carrera Judicial, relativo el primero al error judicial inexcusable y el segundo, al hecho de comprometer la dignidad del cargo y la respetabilidad del Poder Judicial por las mismas razones.

1.- ADMITE, a los solos efectos de su trámite y verificación por parte del Juzgado de Sustanciación de la Sala, de lo atinente a la caducidad de la acción y el agotamiento previo de la vía administrativa, el recurso contencioso-administrativo de nulidad ejercido por la abogada GRECIA DHURILLYS CORONADO, contra el acto administrativo de fecha 8 de noviembre de 2000, dictado por LA COMISIÓN DE FUNCIONAMIENTO Y REESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA JUDICIAL. 2.- SIN LUGAR la solicitud cautelar de amparo constitucional acumulada al recurso contencioso-administrativo de nulidad interpuesto.