Sentencia N° 130 Político-Administrativa TSJ 2000: Gumersinda del Valle Arocha Marín vs Homides Marcano Gómez

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la regulación de jurisdicción en un juicio de cumplimiento de contrato de arrendamiento. La demandante, Gumersinda del Valle Arocha Marín, solicitó la devolución de un inmueble arrendado, argumentando el vencimiento del contrato. El demandado, Homides Marcano Gómez, alegó falta de jurisdicción, lo cual fue desestimado por el tribunal, que reafirmó la competencia del Poder Judicial para conocer de la acción de cumplimiento de contrato de arrendamiento.

Esta Sala ha establecido, en reiterada jurisprudencia, el criterio de que corresponde al Poder Judicial, a través de los Tribunales de Justicia, el conocimiento y decisión de las acciones por resolución o cumplimiento de contrato, independientemente de su naturaleza y de que la consecuencia de la misma sea la entrega del bien inmueble objeto del contrato, por cuanto la atribución conferida en materia inquilinaria a la Dirección de Inquilinato, dependiente del Ministerio de Infraestructura o de las Alcaldías Municipales, actuando en materia inquilinaria, según sea el caso, está dirigida únicamente a tramitar las solicitudes de fijación de cánones de arrendamiento, de los inmuebles sujetos a regulación, de conformidad con el artículo 20 de la nueva Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, vigente a partir del 1º de enero del año 2000. Del análisis del libelo de la demanda resulta evidente que la acción ejercida es de cumplimiento de un contrato de arrendamiento, por el supuesto vencimiento del término estipulado en el mismo, acción ésta de derecho común prevista en el artículo 1.167 del Código Civil, cuyo conocimiento y decisión única y exclusivamente corresponde a los órganos jurisdiccionales, según lo dispuesto en el antes mencionado artículo, en el 1º del Código de Procedimiento Civil y en el artículo 33 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios. Así se declara.

Por las razones antes expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara que el Poder Judicial SI TIENE JURISDICCION para conocer y decidir la acción intentada por la ciudadana GUMERSINDA DEL VALLE AROCHA MARIN contra el ciudadano HOMIDES MARCANO GOMEZ, antes identificados. Queda así confirmada la decisión impugnada, emitida por el a quo en fecha 11 de noviembre de 1998. A tenor de lo previsto en el artículo 76 del Código de Procedimiento Civil, se impone multa al ciudadano HOMIDES MARCANO GOMEZ, titular de la cédula de identidad Nº 3.955.778, parte promovente de la regulación de jurisdicción manifiestamente infundada, por la cantidad de cinco mil bolívares (Bs. 5.000,oo), comisionándose para su ejecución al Tribunal de la causa. Igualmente, la Sala considera que en el presente caso existen fundados indicios de que el abogado de la parte demandada ha incurrido en faltas irreversibles a los deberes de lealtad y probidad, al interponer tanto la falta de jurisdicción, como la regulación de jurisdicción, con manifiesta ausencia de fundamento jurídico, obstaculizando de manera ostensible y reiterada el desenvolvimiento normal del proceso, conductas previstas y sancionadas en los artículos 17 y 170 del Código de Procedimiento Civil, en consecuencia, se ordena expedir por Secretaría, copia certificada del presente fallo para ser remitido al Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados del Estado Anzoátegui, a fin de que esta institución gremial provea lo que juzgue conducente, con relación a la responsabilidad ética y disciplinaria del abogado Leonardo Guzmán Hernández, Inpreabogado Nº 50.037, debiendo informar a esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia.