La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia decidió sobre el recurso de apelación interpuesto por la representación judicial de la República contra la sentencia interlocutoria Nº 2011-1801. La Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo había declarado improcedente la solicitud de decaimiento del objeto y extinción de la instancia, lo que llevó a la apelación. La Sala determinó que, al haberse dictado sentencia definitiva en el juicio principal, el objeto del recurso de apelación había decaído.
Extracto de la motiva
Corresponde a esta Sala decidir el recurso de apelación ejercido por la representación judicial de la República, contra la sentencia interlocutoria Nº 2011-1801, de fecha 23 de noviembre de 2011, dictada por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, mediante la cual se resolvió la incidencia que se produjo en la presente causa con ocasión a la solicitud de decaimiento del objeto y extinción de la instancia formulada por dicha representación, dentro del juicio seguido ante el mencionado Órgano Jurisdiccional en virtud del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto, contra la Resolución N° FSS-2-002716, de fecha 22 de septiembre de 2010, dictada por el Superintendente de la Actividad Aseguradora, a través de la cual se ordenó “Intervenir” a la sociedad mercantil Seguros Banvalor, C.A., e igualmente “Sustituir” a los Administradores, a la Junta Directiva y a la Asamblea de Accionistas de dicha empresa, por una Junta Interventora.
Dispositiva
Por las razones anteriormente expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara el DECAIMIENTO DEL OBJETO del recurso de apelación ejercido por representación de la República Bolivariana de Venezuela por órgano de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, contra la sentencia interlocutoria Nº 2011-1801, de fecha 23 de noviembre de 2011, dictada por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo. Publíquese, regístrese y comuníquese. Notifíquese al ciudadano Procurador General de la República; devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase lo ordenado.