La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la demanda de nulidad interpuesta por Maricruz del Carmen Meléndez Pérez contra la sanción de inhabilitación impuesta por el Contralor General de la República. La Sala admitió la demanda de nulidad, considerando que la sanción de inhabilitación por diez años era desproporcionada y no se justificaba adecuadamente. Además, se destacó la falta de un procedimiento previo que garantizara el derecho a la defensa de la demandante.
Extracto de la motiva
La Sala considera que la inhabilitación impuesta por el Contralor General de la República no se ajusta a los principios de proporcionalidad y debido proceso. Se argumenta que la sanción de inhabilitación por un período de diez años no está debidamente motivada y que no se respetaron las garantías procesales necesarias para la defensa de la demandante. La falta de un procedimiento previo adecuado y la ausencia de justificación suficiente para la severidad de la sanción son elementos que la Sala toma en cuenta para decidir a favor de la demandante.
Dispositiva
1.- Se declara la competencia para conocer la demanda de nulidad. 2.- Se admite provisionalmente la demanda de nulidad. 3.- Se declara improcedente la acción de amparo cautelar. Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el expediente al Juzgado de Sustanciación.
Palabras clave
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