Sentencia N° 1285 Político-Administrativa TSJ 2000: Domingo Darío Hernández Méndez vs Contraloría General de la República

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia decidió negar la solicitud de suspensión de los efectos del acto administrativo contenido en la Resolución N° 04-00-01-20, que impuso una multa al recurrente. Se argumentó que la parte recurrente no demostró adecuadamente los requisitos para la procedencia de la medida cautelar solicitada, especialmente en cuanto a la irreparabilidad del daño. La Sala destacó que la ejecución de la sanción pecuniaria no necesariamente implica un perjuicio irreparable, ya que el monto podría ser objeto de repetición por parte de la Administración.

Corresponde a esta Sala pronunciarse acerca de la medida de suspensión de efectos solicitada, a cuyo objeto observa: La facultad de los jueces contencioso administrativos de suspender los efectos de los actos administrativos conforme al artículo 136 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, invocado por el recurrente, se ha previsto como una garantía del particular frente al carácter ejecutivo y ejecutorio de dichos actos, por lo cual, no se ven afectados -en su eficacia- con la sola interposición del recurso de nulidad. Debe destacarse que la facultad antes aludida se convierte en una obligación del órgano jurisdiccional cuando, frente a la realidad que justifica las técnicas cautelares, aparecen comprobados los requisitos de procedencia de la medida de que se trate; de allí que se conciba a la protección cautelar o al derecho a la tutela cautelar, como una manifestación del derecho a la tutela judicial efectiva, consagrado expresamente en el Texto Fundamental (artículos 19, 26 y 257), el cual implica -en la materia que nos ocupa- no sólo que el Juez acuerde lo solicitado cuando se verifiquen los supuestos de procedencia de la medida, sino también que la niegue cuando tales extremos no aparezcan demostrados. En el caso de autos la representación del recurrente solicita, a tenor de lo dispuesto en el artículo 136 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, la suspensión de los efectos del acto contenido en la Resolución Nº 04-00-01-20 del 7 de diciembre de 1998, mediante el cual la Dirección General de los Servicios Jurídicos de la Contraloría General de la República, declaró sin lugar el recurso jerárquico interpuesto contra el acto emanado de la Dirección de Averiguaciones Administrativas, que impuso al quejoso una multa de conformidad con el artículo 127, ordinal 3º, de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, confirmando la referida sanción. Como fundamento a su pretensión aduce que la ejecución del acto recurrido le acarrearía inexorablemente 'gravámenes que no pudieran ser subsanados por la sentencia definitiva...', y que por tratarse de una sanción pecuniaria, su ejecución le 'produciría un perjuicio cierto y actual, irreparable o de difícil reparación'.

Con fundamento en lo expuesto, esta Sala Político- Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en nombre de la República y por autoridad de la ley, NIEGA la suspensión de los efectos del acto contenido en la Resolución Nº 04-00-01-20 de fecha 7 de diciembre de 1998, emanado de la Dirección General de los Servicios Jurídicos de la Contraloría General de la República, solicitada por los abogados Vicente Rafael Pérez Carreño y Wilson Maximiliano Colmenares Rosales, en su carácter de apoderados judiciales del ciudadano DOMINGO DARÍO HERNÁNDEZ MÉNDEZ, como medida cautelar en el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por el mismo contra la precitada Resolución. Publíquese, regístrese y comuníquese.