Sentencia N° 1282 Político-Administrativa TSJ 2001: Luis Alejandro Catapano vs Concejo Municipal del Municipio Piar

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronuncia sobre la competencia para conocer de una acción de amparo constitucional interpuesta contra acuerdos del Concejo Municipal del Municipio Piar. Se establece que, a pesar de la falta de una ley orgánica que regule las funciones del Tribunal, este debe continuar administrando justicia y decidir sobre los casos que cursan ante la extinta Corte Suprema de Justicia. La Sala concluye que la competencia corresponde a la Sala Constitucional, dado que se trata de una materia constitucional.

En primer lugar, esta Sala pasa a pronunciarse acerca de la competencia para conocer del presente asunto, a la luz del nuevo texto constitucional, y al respecto, observa: La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela prevé en su artículo 262, la creación del Tribunal Supremo de Justicia y de las Salas que lo integran. Asimismo otorga, en forma expresa, ciertas competencias a sus distintas Salas y deja a cargo de la respectiva ley orgánica, la cual deberá ser aprobada por la Asamblea Nacional dentro del primer año contado a partir de su instalación, la distribución de otras no atribuidas expresamente. A los fines de mantener el funcionamiento integral del Estado, debe este Supremo Tribunal continuar en su labor como máximo administrador de justicia. Por lo tanto, aun cuando no haya sido dictada hasta el presente la aludida ley orgánica, reguladora de las funciones de este Supremo Tribunal, sus Salas están obligadas a conocer y decidir todos aquellos casos que cursaban por ante la extinta Corte Suprema de Justicia, así como aquellos que ingresen, atendiendo a la afinidad existente entre la materia debatida en el caso concreto y la especialidad de cada una de las Salas (véase decisión de esta Sala del 17 de enero del presente año, caso: José Ramírez Córdoba vs Consejo Nacional Electoral). En este sentido, la vigente Constitución establece en su artículo 266 que la jurisdicción constitucional será ejercida por la Sala Constitucional, y por tanto, a ella corresponde no solamente la interpretación del Texto Fundamental, sino la fijación de criterios uniformes que permitan la orientación de las instituciones y procedimientos afines con la materia cuyo conocimiento le ha sido atribuido. En virtud de lo expuesto y vista la declinatoria para conocer una acción de amparo autónomo intentada contra los Acuerdos Nros. 53 y 55, emanados del Concejo Municipal del Municipio Piar del Estado Bolívar en fecha 29 de septiembre de 1993, al tratarse de una materia constitucional, estima la Sala que corresponde a la Sala Constitucional de este Alto Tribunal establecer la competencia para conocer de la misma, por lo que no acepta la declinatoria formulada. Así de decide.

DECLARA que la competencia para determinar cuál es el tribunal que debe conocer y decidir la presente controversia, le corresponde a la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia. Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el expediente a la Sala Constitucional de este Supremo Tribunal. Cúmplase lo ordenado.