Sentencia N° 1275 Político-Administrativa TSJ 2000: Inversiones ELE C.A. vs Las Cosas DEL Niño C.A. — Regulación de jurisdicción…

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la jurisdicción en un caso de cumplimiento de contrato de arrendamiento entre INVERSIONES ELE C.A. y LAS COSAS DEL NIÑO C.A. La Sala determinó que el Poder Judicial tiene jurisdicción para conocer y decidir la acción intentada, confirmando la decisión impugnada del tribunal inferior. Además, se impuso una multa a la parte demandada por interponer una solicitud de regulación de jurisdicción infundada y se ordenó remitir el caso al Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados del Estado Lara por faltas procesales de los abogados de la parte demandada.

Durante la vigencia de la diseminada legislación especial inquilinaria, contenida en el Decreto Legislativo sobre Desalojo de Viviendas y la Ley de Regulación de Alquileres y su Reglamento común; el conocimiento y decisión de las acciones inquilinarias, independientemente de su naturaleza, correspondía al Poder Judicial. Respecto de los contratos de arrendamiento sobre inmuebles destinados al uso comercial o industrial, la Sala, en discutible fallo en fecha 07 de Agosto de 1997, determinó que tales inmuebles no resultaban subsumibles en los supuestos de hecho contenidos en el artículo 1º del Decreto in comento; con lo cual, solo resultaba procedente la falta de jurisdicción del Juez ordinario frente a la Administración Pública, en los casos en que el contrato de arrendamiento a tiempo indeterminado versaran sobre inmuebles destinados a vivienda o habitación, resultando excluidas las causas que versaran sobre inmuebles sometidos al uso comercial o industrial de los cuales debía seguir conociendo el Juez ordinario. Actualmente, de conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios del 7 de diciembre de 1999, la competencia atribuida a la Dirección de Inquilinato del Ministerio de Infraestructura y a las Direcciones de Inquilinato de las Alcaldías del interior de la República, deviene en limitada y circunscrita a: 1) la fijación de los cánones máximos a cobrar para aquellos inmuebles sujetos a regulación de alquileres; 2) a la revisión de los montos productos de los actos regulatorios previos y, 3) a la imposición de sanciones administrativas por infracciones a las normas de orden público que dicha Ley estatuye. De suerte tal que, en criterio de esta Sala, todas aquellas solicitudes de regulación de la jurisdicción que sean interpuestas por motivos distintos a los recién expuestos, deben considerarse como producto de una inadecuada táctica dilatoria, contraria los principios establecidos en los artículos 26 y 257 de la Carta Magna.

Por las razones antes expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara que el Poder Judicial SI TIENE JURISDICCIÓN para conocer y decidir la acción intentada por la sociedad mercantil INVERSIONES ELE C.A. contra la sociedad de comercio LAS COSAS DEL NIÑO C.A. Queda así confirmada la decisión impugnada, emitida por el a-quo en fecha 29 de febrero de 2000. Asimismo, de conformidad con el artículo 76 del Código de Procedimiento Civil, se impone multa a la parte demandada, por el monto de CINCO MIL BOLÍVARES (Bs. 5.000,oo), en razón de haber interpuesto una solicitud de regulación de jurisdicción manifiestamente infundada, comisionándose para su ejecución al Tribunal de la causa. Igualmente, la Sala considera que el presente caso existen fundados indicios de que los abogados de la parte demandada ha incurrido en faltas a los deberes procesales de lealtad y probidad, al interponer tanto la falta de jurisdicción, como la regulación de jurisdicción, con manifiesta ausencia de fundamento jurídico, obstaculizando de manera ostensible y reiterada el desenvolvimiento normal del proceso, conductas previstas y sancionadas en el los artículo 17 y 170 del Código de Procedimiento Civil, en consecuencia, se ordena expedir por Secretaría, copia certificada del presente fallo para ser remitido al Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados del Estado Lara, a fin de que esta institución gremial provea lo que juzgue conducente, con relación a la conducta y responsabilidad ética de los Abogados HECTOR RENDÓN y VICTOR ORONOZ, Inpreabogado Nos. 24.306 y 12.993, debiendo informar a esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia.