Sentencia N° 127 Político-Administrativa TSJ 2000: Joaquín Andrés Urbano Berrizbeitia, Irene… vs Rafael Velásquez

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la regulación de jurisdicción en un juicio de resolución de contrato de arrendamiento. Los demandantes argumentaron la falta de pago de cánones de arrendamiento, mientras que el demandado alegó falta de jurisdicción del juez. La Sala reafirmó que corresponde al Poder Judicial conocer y decidir sobre acciones de resolución de contrato, independientemente de su naturaleza. Se confirmó la decisión del tribunal inferior que había declarado su jurisdicción.

Esta Sala ha establecido, en reiterada jurisprudencia, el criterio de que corresponde al Poder Judicial, a través de los Tribunales de Justicia, el conocimiento y decisión de las acciones por resolución o cumplimiento de contrato, independientemente de su naturaleza y de que la consecuencia de la misma sea la entrega del bien inmueble objeto del contrato, por cuanto la atribución conferida en materia inquilinaria a la Dirección de Inquilinato, dependiente del Ministerio de Infraestructura o de las Alcaldías Municipales, actuando en materia inquilinaria, según sea el caso, está dirigida únicamente a tramitar las solicitudes de fijación de cánones de arrendamiento, de los inmuebles sujetos a regulación, de conformidad con el artículo 20 de la nueva Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, vigente a partir del 1º de enero del año 2000. Del análisis del libelo de la demanda resulta evidente que la acción ejercida es de resolución de un contrato de arrendamiento, por la supuesta falta de pago de los cánones de arrendamiento estipulados en dicho contrato, acción ésta de derecho común prevista en el artículo 1.167 del Código Civil, cuyo conocimiento y decisión única y exclusivamente corresponde a los órganos jurisdiccionales, según lo dispuesto en el antes mencionado artículo, en el 1º del Código de Procedimiento Civil y en el artículo 33 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios. Así se declara.

Por las razones antes expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara que el Poder Judicial SI TIENE JURISDICCION para conocer y decidir la acción intentada por los ciudadanos JOAQUIN ANDRES URBANO BERRIZBEITIA, IRENE CAROLINA URBANO BERRIZBITIA, LUISA MARGARITA URBANO BERRIZBEITIA, PEDRO PERUSQUIA BERRIZBEITIA, MELCHOR PERUSQUIA BERRIZBEITIA Y LUIS PERUSQUIA BERRIZBEITIA contra el ciudadano RAFAEL VELASQUEZ, todos antes identificados. Queda así confirmada la decisión impugnada, emitida por el a quo en fecha 24 de septiembre de 1998. Asimismo, de conformidad con el artículo 76 del Código de Procedimiento Civil, se impone multa a la parte demandada, por el monto de CINCO MIL BOLIVARES (Bs. 5.000,oo), en razón de haber interpuesto una solicitud de regulación de jurisdicción manifiestamente infundada, comisionándose para su ejecución al tribunal de la causa.