La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia decidió sobre el recurso de nulidad interpuesto por Iberoamericana de Seguros, C.A. contra la negativa registral del Registro Público del Primer Circuito del Municipio Baruta. La Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo había declarado con lugar la demanda de nulidad, lo que llevó a la apelación de la Federación Campesina Bolivariana de Venezuela. La Sala confirmó la decisión de la Corte Segunda, desestimando los alegatos de la parte apelante y ordenando el levantamiento de la medida cautelar de prohibición de enajenar y gravar sobre el inmueble en cuestión.
Extracto de la motiva
La negativa de la registradora fue fundada en el debido acatamiento que debe observar del principio del tracto sucesivo, tomando como referencia para ello circunstancias muy anteriores en la cadena de transferencias en que se fundamenta el derecho a que se refiere el documento de autos, observándose además esta Instancia Jurisdiccional que la amplitud con la cual la autoridad administrativa registral ha pretendido ejercer su función calificadora, exorbita el ámbito de esa potestad que le ha sido legalmente atribuida, que en todo caso, de ser tan amplia dicha facultad calificadora y pudiese, en consecuencia, retrotraerse en la cadena de transferencias hasta el más remoto transferente, debió entonces la Administración registral ejercerla del mismo modo al momento de registrar el documento de venta suscrito entre la empresa ‘Inversiones Banck Office, C.A.’, y la sociedad mercantil ‘Inversora Corpcar Incorp C.A.’, protocolizado debidamente en fecha 8 de diciembre de 2009, el cual constituye el título inmediato anterior que debió observar la Administración Registral al momento de negar la inscripción del documento de autos.
Dispositiva
1. DESISTIDA la apelación ejercida por la representación judicial de la Procuraduría General de la República. 2. PROCEDENTE la consulta de la sentencia definitiva número 2016-0770 dictada por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo el 7 de diciembre de 2016. 3. SIN LUGAR el recurso de apelación incoado por los apoderados judiciales de la FEDERACIÓN CAMPESINA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, (FCV), contra la referida decisión. 4. Se CONFIRMA el fallo apelado. 5. Se ORDENA el levantamiento de la medida cautelar de prohibición de enajenar y gravar dictada mediante decisión número 2016-0088 del 26 de abril de 2016, por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo.