Sentencia N° 1264 Político-Administrativa TSJ 2000: Caja de Ahorros y Prestamos de LOS Empleados… vs Instituto de Credito Agrícola…

La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la solicitud de medida preventiva de embargo presentada por la Caja de Ahorros y Préstamos de los Empleados del Instituto de Crédito Agrícola y Pecuario contra el Instituto de Crédito Agrícola y Pecuario. La Sala consideró que no se cumplían los requisitos necesarios para la procedencia de la medida cautelar, específicamente el periculum in mora y la presunción grave del derecho reclamado. Se argumentó que la liquidación del Instituto no implicaba la imposibilidad de satisfacer las deudas a los trabajadores.

De una interpretación integral de los artículos 19, 26 y 257 de la novísima Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se desprende la obligación del Estado de garantizar a toda persona el ejercicio de sus derechos constitucionales, y procurar una tutela efectiva de los mismos; y en el marco de la función jurisdiccional es el proceso el instrumento fundamental para la materialización de tales fines, los cuales encuentran justificación en el Estado democrático y social de Derecho y de Justicia en que se constituye a Venezuela, en los términos expresados en el Preámbulo del Texto Fundamental. Ahora, es un hecho indiscutible que la justicia en la mayoría de los casos no puede actuarse con la deseable celeridad, esto es, la sentencia que resolverá el fondo de la controversia planteada, necesariamente ha de estar precedida de una serie de actuaciones que requiere, para su realización, de un tiempo que, normalmente, no es en absoluto breve, dejando de ser entonces el proceso un instrumento para la realización de la justicia, convirtiéndose -por así decirse- en un obstáculo al alcance de tal objetivo. Frente a esta realidad se han previsto las medidas cautelares como una garantía frente a la inevitable lentitud de los procesos judiciales, de allí que se ha sostenido que la protección cautelar o el derecho a la tutela cautelar es, igualmente, una manifestación del aludido derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, consagrado ahora expresamente en la Carta Magna.

Con fundamento en lo expuesto esta Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR la medida preventiva de embargo solicitada por el abogado Jesús Rafael Piñerúa De Lima, en su carácter de apoderado judicial de la CAJA DE AHORROS Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE CREDITO AGRÍCOLA Y PECUARIO (C.A.P.E.I.C.A.P.), contra el INSTITUTO DE CREDITO AGRÍCOLA Y PECUARIO (I.C.A.P.). Publíquese, regístrese y notifíquese.