Sentencia N° 126 Político-Administrativa TSJ 2000: Marisol Sánchez Aponte vs Materiales de Construcción Los Doce Hermanos…

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la regulación de jurisdicción en un caso de resolución de contrato de arrendamiento. La demandante, Marisol Sánchez Aponte, interpuso la demanda por falta de pago de cánones de arrendamiento contra la sociedad demandada. La Sala determinó que el Poder Judicial tiene jurisdicción para conocer y decidir sobre la acción intentada, confirmando la decisión del tribunal de origen que había declarado sin lugar la falta de jurisdicción alegada por la parte demandada.

Esta Sala ha establecido, en reiterada jurisprudencia, el criterio de que corresponde al Poder Judicial, a través de los Tribunales de Justicia, el conocimiento y decisión de las acciones por resolución o cumplimiento de contrato, independientemente de su naturaleza y de que la consecuencia de la misma sea la entrega del bien inmueble objeto del contrato, por cuanto la atribución conferida en materia inquilinaria a la Dirección de Inquilinato, dependiente del Ministerio de Infraestructura o de las Alcaldías Municipales, actuando en materia inquilinaria, según sea el caso, está dirigida únicamente a tramitar las solicitudes de fijación de cánones de arrendamiento, de los inmuebles sujetos a regulación, de conformidad con el artículo 20 de la nueva Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, vigente a partir del 1º de enero del año 2000. Del análisis del libelo de la demanda resulta evidente que la acción ejercida es de resolución de un contrato de arrendamiento sobre un local comercial, acción ésta de derecho común, prevista en el artículo 1.167 del Código Civil, cuyo conocimiento y decisión única y exclusivamente corresponde a los órganos jurisdiccionales, según lo dispuesto en el antes mencionado artículo, en el 1º del Código de Procedimiento Civil y en el artículo 33 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios. Así se declara.

Por las razones antes expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara que el Poder Judicial SI TIENE JURISDICCION para conocer y decidir la acción intentada por el ciudadano Marisol Sánchez Aponte contra la sociedad mercantil “Materiales de Construcción Los Doce Hermanos, S.R.L.”. Queda así confirmada la decisión impugnada, emitida por el a quo en fecha 14 de mayo de 1998. A tenor de lo previsto en el artículo 76 eiusdem, se impone multa a la sociedad mercantil “Materiales de Construcción Los Doce Hermanos, S.R.L.”, parte promovente de la regulación de jurisdicción manifiestamente infundada, por la cantidad de cinco mil bolívares (Bs. 5.000,oo), comisionándose para su ejecución al Tribunal de la causa. Igualmente, la Sala considera que en el presente caso existen fundados indicios que las abogadas de la parte demandada han incurrido en faltas a los deberes procesales de lealtad y probidad, al interponer tanto la falta de jurisdicción, como la regulación de jurisdicción, con manifiesta ausencia de fundamento jurídico, obstaculizando de manera ostensible y reiterada el desenvolvimiento normal del proceso, conductas previstas y sancionadas en los artículos 17 y 170 del Código de Procedimiento Civil, en consecuencia, se ordena expedir por Secretaría, copia certificada del presente fallo para ser remitido al Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados del Estado Miranda, a fin de que esta institución gremial provea lo que juzgue conducente, con relación a la responsabilidad ética y disciplinaria de las abogadas Angela Guerra Rodríguez y Carmen Aurelia Avila, inscritas en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 30.453 y 37.701, debiendo informar a esta Sala Político - Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia.