Sentencia N° 1250 — Sala Político Administrativa del TSJ, 11 de julio de 2007

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la solicitud de nulidad interpuesta por Natalio Domingo Valery Vásquez contra un acto administrativo que dejó sin efecto su designación como Inspector de Tribunales. La Sala consideró que la solicitud de suspensión de efectos era improcedente, ya que el recurrente no demostró los perjuicios irreparables que alegaba sufrir.

Advierte la Sala que la parte actora invocó la tutela con fundamento en el noveno aparte del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, y los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil, esto es, como una medida innominada. No obstante, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, prevé como medida típica la suspensión de efectos del acto administrativo (aparte 21 del artículo 21), a fin de evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación por la sentencia definitiva, exigiéndose a tal efecto, una caución suficiente a la parte solicitante para garantizar las resultas del juicio. En este sentido, pese a que el recurrente solicitó una medida innominada, entiende la Sala que como quiera que la pretensión versa igualmente sobre la suspensión de los efectos del acto recurrido, corresponde en esta oportunidad revisar su procedencia, bajo la figura prevista en la ley que rige las funciones de este Alto Tribunal.

En atención a los razonamientos antes expresados, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara IMPROCEDENTE la suspensión de efectos solicitada por el abogado NATALIO DOMINGO VALERY VÁSQUEZ, ya identificado, actuando en su propio nombre, contra la decisión dictada en fecha 06 de diciembre de 2005, por la COMISIÓN JUDICIAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, por la cual se declaró sin lugar el recurso de reconsideración interpuesto contra la decisión del 16 de agosto de 2005 de esa misma Comisión, en la cual se dejó sin efecto su designación como Inspector de Tribunales.