Sentencia N° 1245 Político-Administrativa TSJ 2001: GILFREDO SOTO RAGA y RAMÓN PALENCIA ARAUJO vs Ministerio de la Defensa

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia decidió declarar sin lugar el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por Gilfredo Soto Raga y Ramón Palencia Araujo contra la Resolución Nº DS-6997 del 9 de noviembre de 1998, que confirmaba su situación de retiro. La Sala argumentó que se cumplió con el procedimiento legal establecido y que los recurrentes fueron debidamente notificados y tuvieron acceso a su defensa durante el proceso administrativo. Además, se desestimaron los alegatos de violación de derechos y de incompetencia del órgano que dictó el acto administrativo impugnado.

1. En cuanto al Reglamento de Castigos Disciplinarios Nº 6, cuya validez cuestiona el apoderado de los actores, esta Sala, en reciente Sentencia Nº 467 del 22 de marzo de 2001, caso Adalberto Rivas Omaña y otros vs. Ministerio de la Defensa, estableció que: “...Ahora bien, como se precisara anteriormente, según Decreto publicado en Gaceta Oficial de los Estados Unidos de Venezuela N° 22.786 del 04 de diciembre de 1948 fue disuelto el entonces Congreso de la República y que además, en virtud del artículo 1° del Decreto del 29 de diciembre de 1948, publicado en la Gaceta Oficial de los Estados Unidos de Venezuela N° 22.806, también fue suprimida la Oficina de Información y Publicaciones de los Estados Unidos de Venezuela, antecedentes históricos que permitirían explicar la omisión de emitir la correspondiente Resolución. Aunado a lo anterior, el Reglamento de Castigos Disciplinarios está destinado, por su especial naturaleza, a reglar el ámbito disciplinario de un sector específico y delimitado de la sociedad, por lo cual su publicación constituiría un requisito formal cuyos efectos alcanzarían en principio, sólo al estamento militar. Por otra parte, su no publicación en el órgano oficial de la República no ha impedido su conocimiento por los interesados, puesto que por diversos medios impresos se ha divulgado tanto para el específico sector al cual está destinado a regular, como para el público en general, habiéndose podido disponer de su texto desde su entrada en vigencia. De hecho, el conocimiento y estudio del Reglamento de Castigos Disciplinarios N° 6 forma parte de los planes de estudio de los centros académicos de Formación de la Fuerza Armada Nacional; así como de la fase común de formación de los elementos de tropa de la Institución Militar. En tal carácter, el Reglamento aludido ha sido aplicado a sus destinatarios y ha normado por más de cincuenta años la conducta esperada de los miembros de la Fuerza Armada Nacional, un segmento de la sociedad al cual se le han atribuido en distintas épocas labores de suyo delicadas. En consecuencia, la Sala estima que no resulta prudente ni redunda en una sana y recta administración de justicia, orientada al fortalecimiento de las instituciones fundamentales de la República, desvertebrar o debilitar a la institución militar al privarla de una columna normativa esencial, como antes se estableciera, con rango equiparable a una ley; la cual le ha permitido establecer los parámetros disciplinarios indispensables para realizar mejor sus actividades. Por tales razones debe forzosamente rechazarse el alegato de los actores en este sentido. Así se declara.

Por las razones que anteceden, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo de nulidad intentado por los ciudadanos GILFREDO SOTO RAGA y RAMÓN PALENCIA ARAUJO, contra el acto administrativo contenido en la Resolución Nº DS-6997 del 9 de noviembre de 1998, emanado del Ministerio de la Defensa, confirmatoria de los Resueltos Nº GN-4414 y GN-4413 ambos de fecha 20 de abril de 1998, suscritos por el Comandante General de la Guardia Nacional de Venezuela, mediante los cuales se les pasó a situación de retiro. Publíquese, regístrese y comuníquese. Devuélvase el expediente administrativo y archívese el judicial.