Sentencia N° 1245 Político-Administrativa TSJ 2000: Consorcio Precinca-Pedeca vs Gobernador del Estado Zulia

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia declara inadmisible el recurso contencioso administrativo de nulidad y la acción de amparo constitucional interpuestos por el CONSORCIO PRECINCA-PEDECA. Se argumenta que los abogados recurrentes no poseían la representatividad necesaria para desistir de la acción, lo que lleva a la conclusión de que el desistimiento no es consumado. La decisión se fundamenta en la falta de un instrumento de poder que acredite la capacidad de los abogados para actuar en nombre del consorcio.

Vista la diligencia que ríela en el expediente de marras, cuyo pedimento se circunscribe a que esta Sala se pronuncie en estimar en estimar consumado el desistimiento tanto de la acción principal como del amparo cautelar o conjunto, corresponde pues, efectuar un análisis exhaustivo sobre la procedencia de dicho petitorio; prescindiendo para tal fin, de otras consideraciones sobre el fondo de la causa en los términos siguientes: En reciente fallo de fecha 2 de marzo del año en curso (Sentencia Nº 459 en el caso Ero Telesis), esta Sala tuvo ocasión de sentar los parámetros sobre los cuales deviene en procedente el desistimiento frente a las acciones de amparo constitucional, en los términos siguientes: "En ese sentido, corresponde pues a esta Sala, examinar en el caso concreto la satisfacción de los requisitos de procedencia que para tales pedimentos exige el especial procedimiento de amparo constitucional. En efecto, del análisis concatenado de lo previsto en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y de las disposiciones contenidas en el Código de Procedimiento Civil, vista la remisión que de dicho último texto efectúa la primera en su artículo 48, se observa que, en forma enunciativa: En los procedimientos de amparo, en principio, no son susceptibles de admitirse medios de autocomposición procesal, tales como transacciones y convenimientos. Solo por la expresa habilitación legislativa -la contenida en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales- es susceptible de admitirse el desistimiento por parte del quejoso. El desistimiento sólo podrá efectuarse por quien tenga capacidad suficiente para disponer del objeto sobre el cual verse la controversia. Tal capacidad debe constar en forma expresa e indubitada en el instrumento respectivo. El desistimiento sólo será procedente cuando no se trate de un derecho de eminente orden público o que pueda afectar las buenas costumbres. En cuanto a la oportunidad para efectuar el desistimiento, éste puede interponerse en cualquier estado y grado de la causa. En caso de que el juez constitucional estime el desistimiento como malicioso, el quejoso deberá sancionarse pecuniariamente con una multa de dos mil bolívares (Bs. 2.000,oo) a cinco mil bolívares (Bs. 5.000,oo)."

Por todas las razones antes expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara INADMISIBLE el recurso contencioso administrativo de nulidad y, por ende, a la acción de amparo constitucional en contra del decreto Nº 664 emitido por el Gobernador del Estado Zulia, publicado en la Gaceta Oficial del Estado Zulia Nº 501 Extraordinario, de fecha 23 de diciembre de 1998, interpuesto por los abogados CARLOS RICARDO PATIÑO, MARY YAMILETH GARRIDO Y JOSE ALFREDO BETANCOURT, quienes según expresaron, actuaban con el carácter de apoderado del CONSORCIO PRECINCA-PEDECA, constituido por las sociedades mercantiles PRECISION EN EJECUTORIA DE INGENIERIA C.A. "PRECINCA" y CONSTRUCTORA PEDECA, C.A.