Sentencia N° 124 Político-Administrativa TSJ 2001: Olimpia Tours AND Travel C.A. vs Corporación de Turismo de Venezuela…

La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la solicitud de aclaratoria presentada por la parte condenada en relación con el auto de ejecución voluntaria dictado el 27 de julio de 2000. Se determinó que la solicitud de aclaratoria era tempestiva, mientras que la impugnación de la experticia presentada el 26 de abril de 2000 fue declarada extemporánea. La Sala enfatizó la importancia de la claridad y transparencia en el proceso judicial, así como la necesidad de garantizar el derecho a una justicia efectiva y oportuna.

La constitucionalización de las garantías esenciales del proceso en la novísima Constitución de 1999, entendida en sentido general, como su inserción en la Constitución, ha llevado a que las mismas adquieren la fuerza que le es propia de las normas y principios constitucionales, esto es, su superioridad normativa, extensible a todos, órganos del Estado y ciudadanos, (CRBV: 7 y 19). La naturaleza de ley suprema de la Constitución se refleja en la necesidad de interpretar todo el ordenamiento de conformidad con la Constitución y en la declaratoria de inconstitucionalidad de la norma que la contradiga o viole mediante los medios procesales previstos en ella, incluido en ello, la inconstitucionalidad sobrevenida de aquellas normas dictadas bajo el ordenamiento constitucional derogado, incompatibles con la novísima Constitución; así como, la aplicación preferente de la Constitución por los jueces (CRBV: 334) respecto a las interpretaciones de normas subconstitucionales que la contradigan (desaplicación singular: control difuso de la constitucionalidad), lo cual si bien mantiene su validez, ocasiona la pérdida de la eficacia de la norma cuestionada para el caso concreto, cuando ello fuera necesario para su solución en el mismo, conforme a la Constitución y dictando las medidas conducentes a tales fines (CRBV:334). La constitucionalización de las normas sobre derechos y garantías procesales en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 (CRBV), no es una simple “formalización de reglas, conceptos y principios elaborados dogmáticamente por el Derecho Procesal, sino la consagración de normas que han adquirido un significado distinto, desde el momento de su incorporación en el Texto Constitucional, por ser “normas de garantía” que configuran la tutela del ciudadano frente a los poderes públicos y de los particulares entre si.

Primero: TEMPESTIVA la solicitud de aclaratoria peticionada en fecha 2 de agosto de 2000 sobre el auto de ejecución voluntaria dictado por esta Sala en fecha 27 de julio del mismo año. Segundo: EXTEMPÓRANEA la solicitud interpuesta en fecha 26 de abril de 2000 respecto de la experticia consignada en fecha 6 de abril de 2000, ordenada por la sentencia definitivamente firme de fecha 21 de octubre de 1999. Publíquese, regístrese y comuníquese. Cúmplase lo ordenado.