Sentencia N° 1237 Político-Administrativa TSJ 2000: Banco Venezolano de Crédito S.A.C.A. vs Alcaldía del Municipio Sucre del…

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia declara con lugar el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por el Banco Venezolano de Crédito S.A.C.A. contra el Decreto Nº 27-93, emanado de la Alcaldía del Municipio Sucre, por razones de inconstitucionalidad e ilegalidad. Se argumenta que el Alcalde usurpó funciones al dictar un acto administrativo que regula la actividad bancaria, lo cual es competencia exclusiva del Poder Nacional. Además, se señala la violación de la reserva legal y del principio de legalidad, ya que el Decreto establece sanciones no previstas en la ley.

La Sala para decidir observa que el Decreto impugnado es un acto administrativo general que tiene por objeto regular la materia de la seguridad para prevenir los delitos de robo o asalto, en las agencias o locales de Bancos y demás instituciones financieras. Con la finalidad de alcanzar su objetivo establece los requisitos a seguir para obtener el “certificado de seguridad bancaria”, quienes deseen operar en el sector financiero, dentro de la circunscripción del Municipio Sucre. Lo dicho lleva a analizar la competencia de los Municipios para establecer la normativa que regule la seguridad y el orden público relacionada con el desarrollo de la actividad bancaria y financiera. La Constitución de 23 de enero de 1961, consagraba un estado federal, que reconocía una distribución vertical del Poder Público en tres niveles atribuyéndole al Poder Nacional, competencia para la defensa y suprema vigilancia de los intereses generales de la República, la conservación de la paz pública y la legislación reglamentaria de los bancos y demás instituciones de crédito (artículo 136 ordinales 2 y 24). Se le otorgó al Poder Estadal la organización de la policía urbana y rural, así como la determinación de las ramas de este servicio atribuidas a la competencia municipal (artículo 17 ordinal 5) y se le atribuyó al Poder Municipal competencia sobre las materias propias de la vida local como la policía municipal (artículo 30). La publicación de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, de 15 de junio de 1989 y de la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Nacional, 28 de diciembre de 1989, no modificaron la competencia del Poder Nacional en materia de seguridad y de régimen bancario y financiero. Es con fundamento en las competencias establecidas en el artículo 136 de la Constitución derogada, que el Ejecutivo Nacional en virtud de distintas Leyes Habilitantes, dictó los Decretos-Leyes que regulan la actividad del sector bancario y financiero, valga decir, Ley del Banco Central de Venezuela, Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras, Ley del Sistema Nacional de Entidades de Ahorro y Préstamo y más recientemente la Ley de Regulación de la Emergencia Financiera. Lo expuesto lleva a señalar que ni la actividad bancaria y financiera, ni ninguna otra de las comprendidas dentro de las atribuciones del Poder Nacional puede ser regulada directa e inmediata a través de textos normativos subalternos a la Ley, es decir, no pueden ni deben los órganos de la rama ejecutiva del Poder Público Nacional, ni los órganos ejecutivos y legislativos estadales o municipales mediante sus actos típicos y propios invadir las competencias reservadas por la Constitución a la rama legislativa del Poder Público Nacional.

En virtud de las consideraciones anteriormente expuestas, esta Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR el recurso contencioso administrativo de anulación intentado por el BANCO VENEZOLANO DE CRÉDITO S.A.C.A. contra el acto administrativo contenido en el Decreto Nº 27-93, de 10 de septiembre de 1993, emanado de la Alcaldía del Municipio Sucre del Estado Miranda, publicado en la Gaceta Municipal Extraordinaria Nº 215-9/93, de la misma fecha y en consecuencia, se declara absolutamente NULO el acto recurrido.