Sentencia N° 1236 Político-Administrativa TSJ 2001: Fernando Ernesto Bello Rojas vs Contralor General de la República

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia declara la perención de la instancia en el proceso administrativo, debido a la inactividad de las partes durante más de un año, conforme a lo establecido en el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia. Se argumenta que la falta de gestión procesal y la paralización del caso justifican la extinción del proceso, lo que se considera una medida necesaria para evitar la prolongación indefinida de los litigios y asegurar la firmeza de los actos del Poder Público. La Sala destaca que la perención es de carácter objetivo y no depende de la voluntad de las partes, y que la inactividad procesal se traduce en la extinción del proceso. Se menciona que la causa estuvo paralizada desde 1987 hasta 1996, y que no se realizaron actuaciones que impulsaran el proceso, lo que llevó a la declaración de perención de oficio. Finalmente, se ordena la extinción de la instancia en el presente proceso, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

De conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, “Salvo lo previsto en disposiciones especiales, la instancia se extingue de pleno derecho en las causas que hayan estado paralizadas por más de un año. Dicho término empezará a contarse a partir de la fecha en que se haya efectuado el último acto de procedimiento. Transcurrido el lapso aquí señalado la Corte sin más tramitaciones declarará consumada la perención de oficio o a instancia de parte”.(destacado de la Sala) A partir del dispositivo transcrito, contenido en la referida ley orgánica en su Título V, que regula los procedimientos aplicables a las causas que cursan ante este Máximo Tribunal, puede la Sala deducir que el fundamento de la figura procesal de la perención es la presunción de abandono del procedimiento por parte de la persona obligada a impulsar el proceso, vista su inactividad durante el plazo señalado por la ley, a saber, un año, lo cual comporta la extinción del proceso. Luego, siendo la perención de carácter objetivo, irrenunciable y de estricto orden público, basta para su declaratoria se produzcan dos condiciones: falta de gestión procesal, es decir, la inercia de las partes; y la paralización de la causa por el transcurso de un determinado tiempo, una vez efectuado el último acto de procedimiento, entendido, además, que la aludida falta de gestión procesal, bien significa el no realizar sucesiva y oportunamente los actos de procedimiento que están a cargo de las partes, pero también se constituye ante la omisión de los actos que determinan el impulso y desarrollo del proceso hacia su fin, mediante la sentencia definitiva y su correspondiente ejecución.

Conforme a lo expuesto, resulta evidente que habiendo transcurrido indefectiblemente el lapso previsto en el indicado artículo 86 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, se ha consumado de pleno derecho la PERENCIÓN y, por tanto, se ha EXTINGUIDO LA INSTANCIA en el presente proceso, lo cual declara esta Sala Político-Administrativa, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley. Publíquese, regístrese y comuníquese. Archívese el expediente judicial. Cúmplase lo ordenado.