Sentencia N° 1232 Político-Administrativa TSJ 2000: Alcides Manuel Escalona Yagua vs Alcaldía DEL Municipio Autónomo Peña DEL…

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia recibió un oficio del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de Yaracuy, relacionado con una demanda por incumplimiento de contrato presentada por Alcides Manuel Escalona Yagua contra la Alcaldía del Municipio Autónomo Peña del Estado Yaracuy. El juzgado declinó la competencia a la Sala, argumentando que se trataba de un contrato administrativo debido a la naturaleza del ente público involucrado. La Sala, tras analizar el caso, determinó que el contrato en cuestión no contenía cláusulas exorbitantes que lo calificaran como administrativo, sino que se trataba de un contrato de derecho común. Por lo tanto, declaró competente a la jurisdicción ordinaria para conocer del asunto y ordenó la remisión del expediente al juzgado correspondiente. Finalmente, la Sala resolvió no aceptar la declinatoria de competencia planteada por el juzgado remitente, reafirmando su decisión de remitir el caso a la jurisdicción ordinaria.

Corresponde a esta Sala pronunciarse acerca de la declinatoria de competencia planteada, al efecto, se observa: El numeral del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia establece: “Artículo 42: Es de la competencia de la Corte como más alto Tribunal de la República: 14. Conocer de las cuestiones de cualquier naturaleza que se susciten con motivo de la interpretación, cumplimiento, caducidad, nulidad, validez o resolución de los contratos administrativos en los cuales sea parte la República, los estados o las municipalidades;” (omissis). Conforme a la norma trascrita toda cuestión que se suscite en materia de contratos administrativos, en los que sea parte la República, los Estados o los Municipios, corresponde su conocimiento a la Corte Suprema de Justicia, ahora bien, es necesario determinar cuando un contrato suscrito por la Administración Pública que debe ser considerado como un contrato administrativo y cuando debe considerarse como un contrato de derecho privado, debido a que la Administración, acude no sólo a la vía del contrato administrativo, sino también a la de contratación ordinaria o de derecho común, regido por reglas jurídico-privadas, por lo cual resulta indispensable establecer los rasgos diferenciales entre ambas categorías, por las consecuencias prácticas y jurídicas que tal diferenciación involucra, entre las cuales ocupa lugar relevante la jurisdicción competente para conocer de los las cuestiones que se produzcan a raíz de esos tipos de contratación. La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha sostenido, a fin de hacer la distinción, los clásicos criterios de la finalidad de servicio público o de la cláusula exorbitante, de modo que, si se trata de una negociación en la cual se evidencia el interés o la noción del servicio público en su realización, la competencia corresponde a los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa, concretamente, a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, conforme a lo dispuesto en el citado numeral 14 del artículo 42 de la Ley que rige las funciones de este Tribunal. Tenemos entonces que, cuando la Administración Pública, obrando como tal, celebra con otra persona, pública o privada, física o jurídica, un contrato que tiene por objeto una prestación de utilidad pública, se entiende que existe un contrato administrativo, y tal interés general puede ser de la República, o de los estados, o de las municipalidades. Ahora bien, esta Sala ha señalado que, en base a la noción de servicio público, en sentido amplio, que, al tener el contrato por objeto la prestación de un servicio de utilidad pública, es y debe así admitirse su naturaleza eminentemente administrativa y, de ese modo, el objeto vinculado al interés general se constituye como el elemento propio y necesario de la definición en cuestión. Un servicio será público, cuando la actividad administrativa busque el desarrollo de una tarea destinada a satisfacer un interés colectivo. En el caso de autos, la negociación que origina la presente demanda, por lo que se refiere a la Administración, el fin principal que se persigue es la ejecución, por parte del ciudadano ALCIDES ESCALONA de trabajos relativos a levantamientos topográficos en diversas calles y quebradas de la localidad, siendo ello así, debe esta Sala revisar si en el caso de marras se esta en presencia de un contrato administrativo, al efecto, se observa: Corren insertos a los folios 4 al 13, los contratos suscritos entre el demandante y la administración municipal, de los cuales puede desprenderse que el mismo es un contrato de servicio regido por las normas de los contratos de derecho común, por cuanto no existe cláusula alguna que establezca prerrogativas a la Administración (Cláusulas exorbitantes), ni elemento alguno que conlleve a sustraer de la esfera del derecho común a las partes contratantes. Por lo antes expuesto, estima esta Sala que la competencia para conocer del asunto planteado, no está atribuida a la jurisdicción contencioso-administrativa, sino a la jurisdicción ordinaria, de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 1º del artículo 183 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, el cual es del siguiente tenor: “Los Tribunales competentes de acuerdo con las previsiones del derecho común o especial, conocerán en primera instancia, en sus respectivas circunscripciones judiciales 1º. De cualquier recurso o acción que se propongan contra los Estados o Municipios;” En el caso de marras, aplicando la norma antes citada, y tratándose de un conflicto derivado de una contratación de derecho común, aun cuando una de las partes sea un ente territorial, como es el Municipio Autónomo Peña de Yaritagua, Estado Yaracuy, dado que el mismo actúa como sujeto de derecho privado, esta Sala debe declarar competente a la jurisdicción ordinaria para conocer la presente causa y, en consecuencia, ordenar la remisión del expediente al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, que cumpla las funciones de distribuidor. Así se decide. A mayor abundamiento, se observa que el monto total de los trabajos realizados asciende a la cantidad de cuatro millones trescientos veintiocho mil bolívares (4.328.000,00), siendo dicho monto inferior a la cuantía exigida para recurrir ante este Tribunal, no siendo posible – a los fines del establecimiento de ésta- considerar los honorarios del abogado ni las costas procesales ni gasto alguno del proceso. Así se declara.

Por las razones antes expuestas esta Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la Republica y por autoridad de la Ley: 1.- NO ACEPTA la declinatoria de competencia planteada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy, para conocer de la demanda por incumplimiento de contrato incoada por el ciudadano ALCIDES MANUEL ESCALONA YAGUA, asistido por la abogada LILIAN MERCEDES ESCALONA YAGUAS, contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO PEÑA DEL ESTADO YARACUY. 2.- Declara COMPETENTE, a la jurisdicción ordinaria para conocer la presente causa y, en consecuencia, ORDENA la remisión del expediente al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, que cumpla las funciones de distribuidor. Publíquese, regístrese y notifíquese. Remítase el expediente a los fines legales consiguientes. Cúmplase con lo ordenado.