Sentencia N° 1230 Político-Administrativa TSJ 2001: Asociacion Civil Union Marval vs Ministro de Transporte y Comunicaciones

La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia admitió la acción principal de nulidad interpuesta por la Asociación Civil Unión Marval contra un acto administrativo del Ministro de Transporte y Comunicaciones que confirmaba la suspensión de su servicio de transporte. Sin embargo, declaró improcedente la acción de amparo cautelar solicitada, argumentando que la suspensión del servicio había vencido y que no se podía extender la medida cautelar a actos que no eran objeto del recurso principal. La decisión se fundamenta en la falta de relación directa entre el acto recurrido y las alegaciones de la parte actora.

La Sala observa que en el presente caso se tramitó el proceso de amparo conforme a lo previsto en los artículos 23 y siguientes de la Ley de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, tal como se hacía hasta hace poco. Sin embargo, esta Sala debe destacar que en reciente sentencia Nº 402 de fecha 20 de marzo de 2001, (Caso: Marvin Sierra), se introdujo un cambio en cuanto a la tramitación de la acción de amparo cautelar, en los siguientes términos: “Ahora bien, a partir de la nulidad del artículo 22 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, declarada por la Sala Plena de la extinta Corte Suprema de Justicia en fecha 21 de mayo de 1996, se determinó que el procedimiento a aplicar en todos los casos de interposición de la acción de amparo sería el establecido en el artículo 23 y siguientes de la Ley que rige la materia, todo con el fin de proteger el contradictorio, esto es el llamamiento del presunto agraviante y la confrontación de sus alegatos y pruebas con las del presunto agraviado. Esta posición, inspirada originalmente en la idea de lograr un equilibrio entre los derechos de la parte quejosa y el derecho a la defensa de la parte presuntamente agraviante dentro del procedimiento judicial incoado, no ha resultado exitosa en la práctica judicial, pues la experiencia ha demostrado que la medida cautelar de amparo pierde lo que constituye su verdadera esencia.

PRIMERO: se ADMITE la presente acción principal de nulidad y se ordena notificar, mediante oficio, a los ciudadanos Procurador General de la República y Fiscal General de la República. SEGUNDO: IMPROCEDENTE la acción de amparo cautelar interpuesta conjuntamente con el recurso contencioso administrativo de nulidad, por la abogada en ejercicio LILIA TERESA DIAZ, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 23.916, actuando con el carácter de apoderada judicial de la ASOCIACION CIVIL UNION MARVAL, constituida y domiciliada en la ciudad de Maracay, Estado Aragua, según consta de documento constitutivo registrado ante la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro del Municipio Giradot del Estado Aragua, en fecha 26 de marzo de 1969, bajo el Nº 4, folios: 10 vto. 9 al 14, del Protocolo 1º, Tomo 9 adicional, asistida por el abogado Francisco Antonio Manzano, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 12178, contra el acto administrativo Nº DM-CJ-98-SETRA-DAL-14-00-0000-0540, de fecha 13 de abril de 1998, emanado del entonces MINISTRO DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES, (hoy Ministro de Infraestructura) mediante el cual se “confirma el acto administrativo contenido en el dictamen Nº 3567 de fecha 28 de octubre de 1997, el cual ratifica el contenido del Oficio Nº 2962 de fecha 29 de septiembre de 1997, emanado de la Dirección General Sectorial del Servicio Autónomo de Transporte y Transito terrestre, por medio del cual se acordó suspender por el término de seis (06) meses la Certificación de Prestación del servicio de Transporte Público de Personas Nº DTT-961436 de fecha 9 de septiembre de 1996, sólo en cuanto a la ruta Maracay-Los Teques vía autopista y viceversa, otorgada a la Asociación Civil Unión Marval.