La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la solicitud de homologación de desistimientos y transacción entre las partes. Se destacó que el Fondo Nacional de Desarrollo Urbano (FONDUR) es un Instituto Autónomo cuya liquidación fue ordenada por decreto, lo que podría afectar los intereses patrimoniales de la República. La Sala ordenó notificar a la Procuradora General de la República sobre la solicitud de homologación y suspender el proceso por un lapso de treinta días continuos a partir de dicha notificación.
Extracto de la motiva
Corresponde a esta Sala pronunciarse sobre la solicitud de homologación de los desistimientos así como de la transacción suscritos entre las partes y, a tal efecto, se observa que la codemandada-reconviniente, Fondo Nacional de Desarrollo Urbano (FONDUR), es un Instituto Autónomo creado por Ley promulgada el 1° de septiembre de 1975, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela, N° 30.790, del 9 de septiembre de 1975, cuya supresión y liquidación, controlada por el Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat, fue ordenada en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley de Supresión y Liquidación del Fondo Nacional de Desarrollo Urbano (FONDUR), publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.883 de fecha 4 de marzo de 2008, por lo que la decisión que recaiga en el presente caso pudiere afectar indirectamente los intereses patrimoniales de la República. En este sentido, el artículo 97 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, dispone lo siguiente: “Artículo 97. Los funcionarios judiciales están igualmente obligados a notificar al Procurador o Procuradora General de la República de toda oposición, excepción, providencia, sentencia o solicitud de cualquier naturaleza que directa o indirectamente obre contra los intereses patrimoniales de la República. Estas notificaciones deben ser hechas por oficio y estar acompañados de copias certificadas de todo lo que sea conducente para formar criterio acerca del asunto. En tales casos, el proceso se suspenderá por un lapso de treinta (30) días continuos, contados a partir de la fecha de consignación de la notificación practicada en el respectivo expediente. El Procurador o Procuradora General de la República, o quien actúe en su nombre, debe contestar dichas notificaciones durante este lapso, manifestando la ratificación de la suspensión o su renuncia a lo que quede del lapso, en cuyo caso se tendrá igualmente por notificado.” (Negrillas de la Sala). Establece también el mencionado texto legal en su artículo 98, que la falta de notificación al Procurador o Procuradora General de la República, así como las notificaciones defectuosas, serán causales de reposición.
Dispositiva
Por las consideraciones precedentemente expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA notificar a la ciudadana Procuradora General de la República de la solicitud de homologación de los desistimientos así como de la transacción suscritos entre las partes en fecha 10 de julio de 2008. En consecuencia, se suspende la causa por un lapso de treinta (30) días continuos, a partir de la fecha en que conste en autos la aludida notificación. Publíquese, regístrese y notifíquese. Cúmplase lo ordenado.
Palabras clave
homologacióndesistimientostransacciónFONDURintereses patrimonialessuspensión de procesonotificación