Sentencia N° 1209 Político-Administrativa TSJ 2000: Promotora Jardín Calabozo, C.A. vs Municipio Francisco de Miranda del Estado…

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia dictó una sentencia en la que se declara con lugar la acción de amparo cautelar interpuesta por la sociedad mercantil PROMOTORA JARDÍN CALABOZO, C.A. contra la Resolución N° AMM-353-99, que revertía la administración del Cementerio Jardín Calabozo al Municipio Francisco de Miranda. La Sala argumentó que se había violado el derecho a la defensa de la parte actora al no permitirle alegar y probar en un procedimiento administrativo previo a la decisión impugnada. Se establece que la acción de amparo cautelar es procedente para restablecer derechos constitucionales y que, en este caso, se suspenden los efectos del acto administrativo impugnado hasta que se dicte una sentencia definitiva. La Sala enfatiza la importancia de garantizar el acceso a la justicia y el respeto a los derechos fundamentales en el marco de la actividad administrativa. Finalmente, se ordena que se permita a PROMOTORA JARDÍN CALABOZO, C.A. continuar con la gestión del servicio público de cementerio mientras dure el proceso, sin que esto implique un nuevo contrato administrativo.

La Sala ha establecido a través de su jurisprudencia constante que el derecho a la defensa rige obligatoriamente en el marco de la actividad administrativa y supone el deber de la Administración de notificar a los particulares de la iniciación de cualquier procedimiento en el cual podrían resultar afectados sus derechos subjetivos e intereses legítimos. Ello con el fin de que puedan acudir a él, exponer sus alegatos y promover las pruebas que estimen conducentes para la mejor defensa de su situación jurídica. Resalta que en la novísima Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se consagró de manera expresa que este derecho aplicaba no sólo a las actuaciones judiciales sino también a las actuaciones administrativas, no dejando a interpretación judicial alguna su consagración en el marco de la actividad administrativa. En efecto, mediante el artículo 49 ejusdem el constituyente estableció el deber constitucional de la Administración de garantizar a los ciudadanos el derecho a la defensa y al debido proceso en aquellos asuntos que les afectasen. Agrega la Sala que, desde la perspectiva de la Administración, el derecho a la defensa y al debido proceso de los administrados contribuye a que su actividad se ajuste a las realidades sobre las que pretende actuar, ya que, como consecuencia de los alegatos y pruebas que los interesados aportan, la Administración conoce y verifica una serie de hechos y circunstancias que coadyuban en alcanzar la verdad material mediante el procedimiento administrativo.

Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR, en los términos establecidos en la presente decisión, la acción de amparo cautelar interpuesta por la sociedad mercantil PROMOTORA JARDÍN CALABOZO, C.A., ya identificada, contra la Resolución N° AMM-353-99, de fecha 13 de diciembre de 1999, emanada de la Alcaldía del Municipio Francisco de Miranda del Estado Guárico mediante el cual se revirtió a favor de dicho Municipio “el Cementerio Jardín Calabozo, ubicado en la margen derecha de la Carretera Calabozo, el Sombrero, Jurisdicción del Municipio Francisco de Miranda del Estado Guárico” y se nombró “una Junta interventora Administrativa, la cual se encargará de la Administración de dicho Cementerio”. En consecuencia, quedan suspendidos los efectos del referido acto hasta tanto sea dictada a sentencia definitiva en el presente proceso.