Sentencia N° 1206 Político-Administrativa TSJ 2000: William Lisandro Vásquez vs Director de Personal de la Dirección General…

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia declara inadmisible el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por la abogada Luisa Auristela Carpio en nombre de William Lisandro Vásquez. El recurso fue presentado contra un acto administrativo que excluyó al recurrente de la nómina de la DISIP, alegando vicios de inconstitucionalidad e ilegalidad. Sin embargo, se determinó que los recursos administrativos fueron ejercidos extemporáneamente, lo que llevó a la firmeza del acto impugnado.

Por cuanto la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en Gaceta Oficial Nro. 36.860 de fecha 30 de diciembre de 1999, estableció un cambio en la estructura y denominación de este Máximo Tribunal y en virtud de que la Asamblea Nacional Constituyente, mediante Decreto de fecha 22-12-99, designó los Magistrados de este Tribunal Supremo de Justicia, quienes se juramentaron el 27 del mismo mes y año y por cuanto en Sesión de fecha 10 de enero del 2000, se constituyó la Sala Político-Administrativa, integrada por los Magistrados Carlos Escarrá Malavé, José Rafael Tinoco y Levis Ignacio Zerpa; se ordenó la continuación de la presente causa en el estado en que se encontraba y el 23 de febrero de 2000, se designó ponente al Magistrado Levis Ignacio Zerpa, quien con tal carácter suscribe el presente fallo. Narra la abogada Luisa Auristela Carpio: Que el ciudadano Wilman Lisandro Vásquez se había desempeñado desde el año de 1984 como agente policial en la Dirección General de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP), destacándose por su “conducta intachable, alto sentido de la ética y gran profesionalismo”, hasta que, sorpresivamente y sin que hubiese cometido falta alguna, el 1º de junio de 1994, le fue notificado, mediante oficio Nro. 736 de fecha 24 de mayo del mismo año, emanado de la Dirección de Personal, que había sido excluido de la nómina por haber “incurrido en las faltas contempladas y sancionadas por nuestro Reglamento Interno en su artículo 32”, vale decir, en una de aquellas “consideradas no graves”. Afirma al respecto, que desconoce el verdadero significado y alcance de dicha sanción. Que jamás pudo ejercer su derecho a la defensa, toda vez que no se le abrió la averiguación a que hace referencia el artículo 67 del Reglamento Interno para la Administración de Personal de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención, ni obtuvo contestación a los recursos de reconsideración y jerárquico interpuestos. Que se le ha violado derecho al trabajo pues, además de no poder dedicarse a la actividad “para la cual se preparó”, no le ha sido entregada su “constancia de antecedentes de servicios”, documento éste que, a su decir, resulta imprescindible acompañar a cualquier solicitud de empleo. Que, igualmente, se le conculcó su derecho a la protección de la familia y el “derecho de sus hijos a la protección y a la salud” (consagrados en los artículos 73, 74 y 76 de la Constitución de 1961). Sostiene que la precaria condición económica en que se encuentra, le impide satisfacer las necesidades básicas de aquélla y, en particular, de uno de sus hijos que requiere de tratamientos médicos costosos pues “sufre de ataques epilépticos y trastornos de deficiencia motriz y mental”. Esta situación, afirma, lo obligó a solicitar el pago de sus prestaciones sociales y al respecto, destaca que ello no constituye una “aceptación tácita de su condición de despedido”. Además de los vicios de inconstitucionalidad antes señalados, alega que el acto impugnado adolece de vicios de ilegalidad y en tal sentido, señala que el mismo fue dictado por una autoridad manifiestamente incompetente y con prescindencia total y absoluta de procedimiento, por lo que, estima, debe ser declarado nulo, de conformidad con lo previsto en el numeral 4 del artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE el recurso contencioso administrativo de nulidad ejercido por la apoderada judicial del ciudadano WILLIAM LISANDRO VÁSQUEZ contra el acto administrativo notificado mediante oficio Nro. 736, del 24 de mayo de 1994, dictado por la el DIRECTOR DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL SECTORIAL DE LOS SERVICIOS DE INTELIGENCIA Y PREVENCIÓN (DISIP), y confirmado en virtud de la ficción legal del silencio administrativo denegatorio por el MINISTRO DE RELACIONES INTERIORES. En virtud de lo anterior, se revoca el auto de admisión dictado por el Juzgado de Sustanciación del 15 de octubre de 1996. Publíquese, regístrese y comuníquese. Archívese el expediente. Cúmplase lo ordenado.