Sentencia N° 1205 Político-Administrativa TSJ 2000: Omayra Josefina Gómez de Pedroza vs Consejo de la Judicatura

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia decidió a favor de la abogada Omayra Josefina Gómez de Pedroza, declarando con lugar el recurso contencioso administrativo de anulación contra la Resolución Administrativa Nº J-89 del 16 de mayo de 1995, que le otorgó de oficio el beneficio de jubilación. La Sala argumentó que la resolución adolecía de vicios de inconstitucionalidad e ilegalidad, ya que la recurrente no cumplía con los requisitos establecidos en la Ley de Carrera Judicial para ser jubilada en ese momento. Asimismo, se declaró improcedente la solicitud de extensión de los efectos anulatorios a la Resolución J-290 del 16 de septiembre de 1997, que reactivó el beneficio de jubilación, considerándose firme en todas sus partes. La Sala enfatizó que la jubilación es un derecho y no una obligación, y que la actora había solicitado prórroga en el ejercicio de su cargo, lo cual fue ignorado por el Consejo de la Judicatura. Finalmente, se ordenó la publicación y notificación de la decisión, así como la devolución de los antecedentes administrativos a la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial.

El presente recurso contencioso administrativo persigue la anulación del acto del Consejo de la Judicatura de fecha 16 de mayo de 1995, identificado con el Nº J-89, mediante el cual le fue otorgado a la recurrente, de oficio, la jubilación del cargo que venía desempeñando dentro del Poder Judicial, y como quiera que durante el curso de este procedimiento la Administración autora de dicho acto dictó una nueva Resolución administrativa, identificada con el Nº J-290 de fecha 16 de septiembre de 1997, por la cual se reactiva la jubilación de la ciudadana Omayra Josefina Gómez de Pedroza, y a cuya anulación también aspira la accionante; por tales razones la Sala estima que la pretensión de la actora está dirigida a que, mediante la nulidad invocada, se le permita permanecer activa en el Poder Judicial y continuar en el ejercicio de su carrera como Juez. A este respecto, debe señalarse que la normativa vigente para la fecha de emisión de la mencionada Resolución J-89, esto es, el artículo 45 de la Ley de Carrera Judicial en concordancia con el artículo 7, Parágrafo Único, y artículo 34 eiusdem, prescribía lo siguiente: “Artículo 45: Tendrán derecho a la jubilación los jueces que hayan cumplido treinta (30) años de servicio. También gozarán del mismo derecho los jueces con veinticinco años de servicio, siempre que hayan alcanzado los sesenta años (60) de edad. A los efectos de la jubilación, se computarán los años de servicio que haya prestado el funcionario en cualquier dependencia del Estado siempre que hubiere cumplido por lo menos diez (10) años de actividad como Juez y esté desempeñando esas funciones para el momento de la jubilación.” De la lectura de las normas anteriores, resulta claro que, a los efectos de la jubilación, el tiempo de servicio para los funcionarios que ingresen a la carrera judicial no puede exceder de treinta y cinco años, de los cuales al menos los diez últimos hayan sido dedicados a la actividad de juez. Ello implica que, independientemente que los años anteriores hubieran sido destinados por el funcionario al ejercicio de cargos distintos al de juez y en otras dependencias del Estado, ese tiempo resulta acumulable al dedicado a las labores judiciales, específicamente como juez.

PRIMERO: CON LUGAR el recurso contencioso administrativo de anulación y, en consecuencia, NULA la Resolución Administrativa Nº J-89 de fecha 16 de mayo de 1995, emanada del extinto CONSEJO DE LA JUDICATURA mediante la cual se le concedió de oficio el beneficio de jubilación a la ciudadana OMAYRA JOSEFINA GÓMEZ DE PEDROZA. SEGUNDO: IMPROCEDENTE la solicitud de extensión de los efectos anulatorios al acto contenido en la Resolución J-290 emanado del Consejo de la Judicatura el 16 de septiembre de 1997, mediante el cual se reactiva el beneficio de jubilación a la precitada ciudadana y, en tal virtud, dicho acto se declara firme en todas sus partes. Publíquese, regístrese y notifíquese. Devuélvanse los antecedentes administrativos junto con oficio y copia certificada de la presente decisión a la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial, órgano éste que asumió las funciones del extinto Consejo de la Judicatura. Archívese el presente expediente. Cúmplase lo ordenado.