La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia declaró sin lugar la demanda de nulidad interpuesta por Maricruz del Carmen Meléndez Pérez contra la Resolución del Contralor General de la República que impuso una sanción de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por diez años. La Sala fundamentó su decisión en la existencia de una declaratoria de responsabilidad administrativa previa y en la legalidad del procedimiento seguido por el Contralor. Se desestimaron los alegatos de inconstitucionalidad y violación al debido proceso, así como la alegación de desproporcionalidad de la sanción impuesta.
Extracto de la motiva
La Sala ha establecido en diversos fallos que el acto por el cual el Contralor General de la República impone la sanción de inhabilitación opera de pleno derecho, dada la existencia de un acto firme en sede administrativa en el cual ya ha declarado la responsabilidad, lo que no lo excluye del control jurisdiccional; pero la impugnación de la inhabilitación debe ser realizada por vicios que le son atribuibles a ese acto y no por aquellos que pudieran afectar al acto principal. En atención a lo antes expuesto se aprecia que, en el caso bajo examen, el auto decisorio de la responsabilidad administrativa de la ciudadana Maricruz del Carmen Meléndez Pérez fue dictado por Director General de Procedimientos Especiales de la Contraloría General de la República, actuando por delegación del Contralor, lo cual en principio lo haría revisable por esta Sala. Sin embargo, se aprecia, que dicho acto fue notificado a la accionante en fecha 6 de septiembre de 2016, razón por la cual para la fecha de interposición de la presente acción (11 de octubre de 2017) ya había transcurrido con creces el lapso de 6 meses para su impugnación, conforme a lo establecido en el artículo 108 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.
Dispositiva
Declara SIN LUGAR la demanda de nulidad incoada por la representación judicial de la ciudadana MARICRUZ DEL CARMEN MELÉNDEZ PÉREZ, contra la Resolución número 01-00-000167 del 3 de marzo de 2017, dictada por el CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, mediante la cual impuso a la accionante la sanción de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por el período de diez (10) años. En consecuencia, se declara FIRME el acto impugnado.