Sentencia N° 1201 Político-Administrativa TSJ 2000: Blanca Romero de Castillo — Avocamiento

La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia decide sobre la solicitud de avocamiento presentada por la abogada Blanca Romero de Castillo, quien busca la nulidad de un acto administrativo de amonestación. La Sala concluye que ha habido un retardo procesal por parte de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, pero determina que no se cumplen los requisitos para el avocamiento, declarando la solicitud sin lugar. Se enfatiza la importancia de garantizar justicia expedita y se critica la inactividad del tribunal inferior.

De lo expuesto se colige que, en el caso de autos, este Tribunal debe verificar el cumplimiento estricto de estos requisitos esenciales, a fin de, asegurar que están dadas las condiciones para que se materialice la primera parte de este procedimiento, a saber: 1.- En primer término, este Máximo Tribunal observa que, la solicitante pretende solucionar mediante el avocamiento de la Sala el grave retardo procesal en el que ha incurrido la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo en la tramitación del amparo interpuesto. Es así, que la abogada BLANCA ROMERO DE CASTILLO, alega en su solicitud de avocamiento la “evidente denegación de justicia en que ha incurrido la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”. Al respecto, este Máximo Tribunal observa que, en efecto, el referido tribunal ha violado los derechos constitucionales de la accionante, quien actuando en el pleno ejercicio de los mismos, interpuso precisamente el amparo contra el acto presuntamente lesivo, como el mecanismo más específico y expedito, para que se le restableciera la situación jurídica que le había sido lesionada. Esto, en virtud de lo dispuesto en el artículo 49 de la Constitución de 1961. En este mismo sentido, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, refuerza el carácter restablecedor y expedito del amparo disponiendo, al respecto en la Exposición de Motivos de la Constitución (Publicada y reimpresa en la Gaceta Oficial Extraordinaria No. 5.453, de fecha 24 de marzo de 2000) lo siguiente: “El amparo se reconoce como una garantía derecho constitucional, cuya finalidad es la tutela judicial reforzada de los derechos humanos, aún de aquellos inherentes a la persona humana que no figuren expresamente en la Constitución o en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Al respecto se dispone que le procedimiento que deberá establecer la ley correspondiente en materia de amparo constitucional, será oral, público, breve, gratuito y no sujeto a formalidad, todo ello con el objeto de garantizar su eficacia”.

Por lo anteriormente expuesto, esta Sala Política Administrativa declara SIN LUGAR EL AVOCAMIENTO en el presente caso que cursa desde el 13 de febrero de 1995 ante la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo bajo el Expediente Nro. 95.16070, a fin de decidir el recurso contencioso administrativo de nulidad conjuntamente con la acción de amparo constitucional contra el acto administrativo de amonestación que le fuera impuesto por el Juzgado Superior Noveno Penal de la Circunscripción del Área Metropolitana, a la ciudadana Blanca Romero de Castillo, quien se encuentra representada en la solicitud de avocamiento por el abogado Pedro Miguel Castillo. Publíquese, regístrese y comuníquese. Envíese copia a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. Cúmplase con lo ordenado.